Condenan al Estado por muerte de integrantes de la UP y partido comunista

El alto tribunal le ordenó al Ejército y la Policía auxiliar los gastos para la realización de un artículo académico, en el que se estudie el impacto de la omisión de protección del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica.

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización a la familia de hermanos José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo, quienes fueron asesinados por grupos paramilitares, en octubre de 2011, por pertenecer al Partido Comunista y la Unión Patriótica.

Al declarar la responsabilidad de la Policía y el Ejército Nacional, la Sección Tercera del alto tribunal ordenó que dichas instituciones deban auxiliar los gastos para la realización de un artículo académico, en el que se estudie el impacto de la omisión del deber de protección del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica.

“La realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Dicho artículo deberá realizarse en el término de un año y si se cuenta con la aquiescencia (aprobación) de los demandantes, allí se estudiará el caso específico de la muerte de los hermanos Reyes Gordillo. El escrito deberá ser reproducido en una publicación especializada del ámbito nacional”, precisó la sentencia con ponencia del consejero Danilo Rojas Betancourth.

El crimen de los hermanos Reyes Gordillo se produjo en cercanías al municipio de San Juan de Arama (Meta), por su militancia en el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que ellos continuaron con el trabajo político de dos de sus tíos, quienes también fueron asesinados por su actividad proselitista.

“Considera la Sala que la Nación, representada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tenía una obligación de proteger a los hermanos Reyes Gordillo, comoquiera que sobre ellos se cernía un riesgo alto por pertenecer a una minoría política, la Unión Patriótica, respecto de las cuales existía una regla jurídica especial que obligaba al Estado a acometer su protección”, precisó la sentencia.

Igualmente, como medida de rehabilitación, representantes de la Policía y el Ejército Nacional tendrán que ofrecer disculpas a los familiares de las víctimas, en una ceremonia pública.

Con información de ELESPECTADOR.COM

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