Castorila

Exdiputado venezolano entuteló a la Fiscalía de Colombia

A través de una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, el exdiputado Walter Márquez espera que se reabra el expediente compilado durante el cierre de frontera, en agosto de 2015, y que probaría los delitos de lesa humanidad cometidos por el presidente Nicolás Maduro.

Según Márquez, la Fiscalía está obligada a abrir la averiguación por los efectos del cierre, pues hasta el momento dice no haber obtenido respuesta sobre la denuncia.

Agregó que el expediente, de 1.500 páginas, “está archivado, pese a que están tipificados crímenes de lesa humanidad como las deportaciones forzosas, los desplazamientos, la destrucción de viviendas, abusos sexuales, tratos crueles y degradantes, y todo debe ser investigado por la justicia colombiana”.

Márquez incluso acusó al fiscal Néstor Humberto Martínez “por encubrimiento de los crímenes cometidos por Nicolás Maduro, durante el cierre de frontera”.

Según Márquez, “hay que abrirle un juicio a Maduro, en especial porque carece de derechos por la gravedad de la violación de derechos humanos”, y afirmó que el país “tiene plena jurisdicción para iniciar juicios”.

También dijo que la decisión se tomó hasta ahora porque se surtió el trámite de denuncia ante la Fiscalía de Venezuela en 2015 y 2016, así como ante la Corte Penal Internacional “y agotamos la vía internacional, pero no descartamos que se active la justicia en Colombia; hemos ido por pasos”.

“La primera opción era la vía venezolana, pero se cerró la investigación, y en la Corte Penal Internacional de La Haya se paralizaron más de 10 denuncias, incluyendo una de la Procuraduría colombiana, a raíz de las deportaciones”.

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Mencionó que se participará en las próximas elecciones y aseguró que “si no se participa se le dejan los espacios al régimen, y si se participa, se está convalidando a un órgano descalificado, y eso hace complejo el tema”.

En relación con la violencia desatada por la oposición declaró que “la oposición debe cuidarse de no manifestarse de manera violenta, porque la capacidad de respuesta del gobierno es superior”.

Fuente: La Opinión.

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