Durante el año 2023, la Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento exhaustivo al cese al fuego bilateral anunciado por el Gobierno Nacional y diversos grupos delictivos al inicio del año anterior. Este monitoreo tenía como objetivo evaluar el impacto de esta medida en la protección de los derechos fundamentales de la población civil. Sin embargo, los resultados del informe indican que las comunidades han sido las principales afectadas, sufriendo violaciones a derechos esenciales como la vida, la integridad, la libertad y la seguridad.
El informe destaca la urgencia de un compromiso firme por parte de todas las facciones armadas ilegales para garantizar avances en los diálogos de paz en curso. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, mencionó la importancia de cesar el reclutamiento de niños y adolescentes, liberar a los menores que se encuentran en filas, poner fin al secuestro y liberar a todos los cautivos como pasos esenciales hacia la paz.
Se distinguen dos tipos de acciones que afectan a la población: las acciones directas, que involucran enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados, y las acciones indirectas, ejecutadas por organizaciones armadas que violan los derechos humanos y contravienen el derecho internacional humanitario, impactando principalmente a los civiles. Alarmantemente, en el 62.5% de los 16 municipios donde se observaron acciones directas, se reportaron homicidios contra defensores de derechos humanos.
Este informe pone de manifiesto la crítica situación de los derechos humanos en áreas afectadas por el conflicto, enfatizando la necesidad de acciones concretas para proteger a la población civil y avanzar hacia una paz duradera
