En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fue desmantelado un centro de operaciones de extorsión en la vereda El Sinaí, municipio de Sácama, perteneciente a la subestructura 28 y especialmente la comisión de finanzas de las disidencias de las FARC.
La acción militar, desarrollada el pasado 5 de septiembre, permitió la incautación de importantes elementos logísticos y bélicos utilizados por este grupo para financiar sus actividades delictivas.
El coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la Décimo Sexta Brigada del Ejército, informó que, en la operación, que incluyó un enfrentamiento armado con los integrantes de la estructura criminal, las tropas ocuparon un campamento utilizado para coordinar extorsiones a empresarios, ganaderos y comerciantes de Casanare, Boyacá y Arauca. En el lugar se encontraron documentos que detallaban los pagos extorsivos realizados por las víctimas, así como talonarios utilizados por los delincuentes para entregar “paz y salvos” a quienes efectuaban los pagos.
“Se encontraron agendas en las que se reportaban los pagos de las extorsiones que muy desafortunadamente la gente va a pagar y así pues nunca vamos a acabar con este flagelo”, expresó el coronel Realpe al reseñar la actividad delincuencial cometida por la célula insurgente.
Los documentos y formatos de citaciones pasaron a investigación judicial por parte de la Policía y otros entes de investigación.
Carlos Alberto Aguilar Maldonado, comandante del Grupo Guías de Casanare, señaló que en la zona campamentaria desalojada se incautó material de guerra, de intendencia, de comunicaciones, explosivos y documentación; un fusil, 2 pistolas, 51 proveedores, 3300 unidades de munición, 24 granadas, 5 cintas eslabonadas para ametralladora, así como uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, buzos tácticos, sudaderas, ponchos, chinchorros, reatas, chalecos, cintelitas, bolsos de asalto, maletines, brazaletes y pañoletas.
También se encontraron talonarios con valores desde los 40.000 pesos hasta de 100 millones de pesos, y el sello seco con el que se comprobaría la intimidación que ejercía el GAO-r a ganaderos, arroceros, finqueros y empresarios en la zona.
Igualmente se hallaron facturas, agendas, material de comunicaciones y técnico, al igual que 12 barras de explosivo indugel. Cabe resaltar que este tipo de explosivo se usa para fabricar diversos tipos de artefactos que al detonar podrían haber afectado la vida de las personas que habitan en esta región, por lo que su incautación logra evitar ese posible daño que se habría generado a la población, según el Ejército.
