La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación formal en contra de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El magistrado Francisco Farfán, encargado de la ponencia, expone que, desde septiembre de 2023, altos funcionarios del gobierno, entre ellos Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, habrían sostenido reuniones con los entonces directores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, para desviar recursos de la entidad.
De acuerdo con la investigación, los fondos desviados habrían sido destinados a sobornos dirigidos a congresistas, con el fin de obtener su apoyo para la aprobación de reformas al sistema pensional y de salud, propuestas por el gobierno. En este contexto, se menciona que 3.000 millones de pesos fueron presuntamente entregados a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle.
Las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López han sido fundamentales para que la Corte Suprema decidiera abrir los procesos judiciales. Los testimonios ofrecidos detallan las irregularidades y los procedimientos mediante los cuales se habrían desviado los recursos de la UNGRD, lo que ha generado una gran repercusión en la opinión pública.
Este caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en un contexto de reformas estructurales. La Corte Suprema continuará con la investigación para verificar las acusaciones y asignar las responsabilidades correspondientes, en medio de un fuerte escrutinio público que exige claridad y justicia en el manejo de recursos estatales.