No resulta desacertado afirmar que Colombia padece un síntoma de guerra endémica desde el momento mismo de su constitución como república. Sin embargo, esta no puede ser entendida como un fenómeno único de violencia prolongado en el tiempo; dada la diversidad de actores, motivaciones, territorios y finalidades políticas. La incapacidad del Estado por ejercer el monopolio de la fuerza parece perpetuarse como un elemento subyacente de las tensiones surgidas en el país; lo que a su vez ha permitido, a grupos al margen de la ley, hacerse con el control territorial, político, social y económico de extensas regiones dentro del territorial.
La historia del departamento de Arauca no puede ser construida desde una perspectiva aislada del fenómeno de violencia política regional. El ambiente de conflictividad en el Departamento nace de las condiciones de segregación a las que fueron sometidos los pobladores por parte del gobierno central durante años. El desentendimiento del Estado sobre las crecientes necesidades y reclamaciones de las comunidades propició las condiciones para el desarrollo de formas de organización social y política propias, y de autogestión, ligadas principalmente a los procesos de colonización (la inducida por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y la desatada por el boom petrolero en los años ochenta).
La configuración de una dinámica de reivindicaciones y lucha social, y la desconfianza hacia al establecimiento, marcó el comportamiento sublevado y contestatario del territorio. La nueva configuración social -alternativa al ejercicio de autoridad del aparato central- generó las condiciones para el nacimiento y arraigo de las organizaciones insurgentes (ELN y FARC-EP), las cuales – de acuerdo a un entendimiento de la condición espacial- articularon y encarnaron las exigencias de colonos y campesinos, y lograron sobreponer su estrategia de guerra. Así las cosas, el fortalecimiento y la dinamización de las estructuras organizativas y la incursión en procesos asociados a escenarios institucionales y electorales -por parte de dichos grupos- los llevó a erigirse como un poder local alterno. No obstante, es necesario mencionar que la aparición de las organizaciones (ELN y FARC) respondió a diferentes circunstancias.
La irrupción de las FARC en el Departamento fue producto de una directriz derivada de su VI conferencia. La intensión de desarrollar una colonización armada en áreas geoestratégicas del país implicó, en el caso araucano, el esfuerzo de varias unidades de sus frentes para dar origen al frente décimo (10) y, de manera posterior, al cuarenta y cinco (45). Su expansión y apropiación territorial respondió a la adopción de un modelo de acción que no se circunscribió exclusivamente al plano militar; la intervención en el escenario electoral y la capitalización de las demandas de inversión pública (aquello que algunos denominan clientelismo armado) alineó la base de apoyo popular local para el grupo guerrillero.
El ELN en Arauca -a diferencia de las FARC – no fue resultado de una orientación con fines de expansión; nació de los procesos de movilización y reivindicación social desplegados entre los años de 1960 y 1970. El frente Domingo Laín, expresión del ELN en Arauca, surgió por iniciativa del movimiento colono-campesino y cooperativo –principalmente- de la subregión del Sarare, y de manera desarticulada al grueso de la organización guerrillera. El ELN logró relacionarse con empoderamiento económico y el fortalecimiento de los instrumentos políticos, electorales y sociales que dieron respuesta a las necesidades de la población. Esta relación permitió a la organización su posicionamiento como una autoridad legítima alterna “poder oficial”. El control del presupuesto público, los ejercicios de control popular, el diseño de programas de gobierno y la injerencia en la contratación y las regalías del petróleo representaron un modelo de acción particular del ELN en el ejercicio de consolidación territorial en el Departamento. Con el paso de los años, El ELN ha centrado sus esfuerzos militares en la protección de las zonas donde ha promovido un trabajo político de masas importante, y donde, pese a los golpes que han ocasionado su debilitamiento en términos de la relación hombre-armas, sigue detentando una capacidad importante de control y dominio territorial.
Quizá el hecho de que estos dos grupos armados tengan presencia en el Departamento no representa ninguna diferencia frente a otras regiones del país. Sin embargo, la relación oscilante de estos actores armados (ELN-FARC) en Arauca sí marca una diferencia importante. Esta ha transitado entre el acercamiento y las confrontaciones políticas, pero -sobre todo- territoriales (corredores estratégicos y áreas de extracción de recursos). Las tensiones entre estos dos grupos se agudizaron, especialmente, entre 2005 y 2006. No obstante, ya se evidenciaban fricciones desde mediados de los años de 1990, cuando las FARC, en su objetivo por expandirse en la región, empezó a disputarle al ELN el control de la administración pública y las rutas de comercio de armas y coca en la frontera con Venezuela.
El punto de inflexión en las relaciones ELN-FARC fue el asesinato de alias “Ché” por parte de alias “La Ñeca”. A partir de este acontecimiento, se inició una guerra frontal que afectó principalmente a organizaciones campesinas, y líderes sociales y políticos señalados por guardar alguna “afinidad” con una organización u otra. La guerra entre estas dos organizaciones no se centró en la confrontación directa, sino en el ataque a civiles que ocupan territorios presuntamente dominados por el otro grupo insurgente.
Ahora bien, el proceso de paz con las FARC-EP encontró a esta guerrilla fuertemente dividida. Las estructuras centrales del Frente Décimo no lograban contener la fuerza que el narcotráfico estaba desarrollado en territorio araucano. Unidades completas de esta guerrilla se habían entregado ya a la captura de las rentas no lícitas como fuente de financiación y habían desarrollado conexiones muy fuertes con elementos de las fuerzas armadas del vecino país de Venezuela. El relevo generacional se dio con combatientes que ingresaron a la guerrilla con una mentalidad militarista, y, a la postre, con poca intención de seguir las orientaciones del nivel central.
La debilidad organizativa de las FARC-EP para mediados de la primera década del 2000, tanto en lo nacional como en lo local, repercutió en que al proceso de paz no se sumaran, de manera real y comprometida, la totalidad de las estructuras armadas de la organización. El grueso de este grupo guerrillero atendieron el llamado a la salida negociada del conflicto; sin embargo, los mandos medios de compañías y columnas de la organización vieron en la finalización del conflicto y el desorden del otro lado de la frontera una oportunidad inmejorable para apropiarse de las economías no lícitas, el tráfico de personas y bienes, el robo de tierras y ganado de lado y lado de la frontera. El ELN no sufrió de manera contundente la guerra que el Estado y el paramilitarismo le plantearon a las FARC-EP. El ELN incluso desarrolló alianzas con otros actores armados en su disputa con la otra organización subversiva de las FARC. Con ello, el primero salió fortalecido en términos organizativos, siguieron en su lógica de insertarse en las dinámicas del poder local y proyectaron de manera más contundente su influencia al otro lado de la frontera, incursionando en dinámicas ligadas a los cultivos de uso ilícito y la apropiación de tierras.
Desde 2022, la confrontación entre ELN y FARC (ahora disidencias) se ha ido recrudecido en Arauca, pese a los intentos de negociación del Gobierno con estos grupos armados. Agresiones violentas, con numerosos muertos, restricciones de movilidad, atentados a las comandancias de cada una y, por supuesto, la violencia desmedida contra la población civil, que cada una considera las bases poblacionales de la otra, resulta ser el pan de cada día en esta región olvidada. De acuerdo con varios reportes de la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2024, se han presentado más de 600 homicidios, los cuales -en su mayoría- han estado ligados a la disputa por el control social y/o territorial entre estos grupos. Según un documento de Análisis de los riesgos relacionados con el conflicto armado de la ONG Global Protection Cluster, entre agosto de 2023 y 2024, en Arauca, hubo desplazamiento de 10.200 personas, 8519 personas fueron víctimas de confinamiento y 207 personas fueron desaparecidas.
Diversos gobiernos han intentado asegurar el control territorial y debilitar a los grupos insurgentes en el Departamento: a través de la ofensiva militar, la acción judicial y la deslegitimación de los procesos agenciados por los movimientos sociales y políticos regionales. Sin embargo, los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de guerra planteada (y la intensificación del conflicto en los últimos tiempos) develan la incapacidad del estado por comprender la lógica de configuración espacial y por reconocer las condiciones que dieron origen a violencia política en la región.
Sin duda, la dinámica territorial o espacial del conflicto merece la atención de este gobierno para llevar a cabo acciones políticas y económicas -concretas y diferenciadas de otras zonas en conflicto- que redunden en dignificar las condiciones de vida de la población, que busquen reconfigurar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto y que aún lo alimentan. El gobierno debe desplegar todo el andamiaje institucional que le permita atender la situación de violencia endémica que sufre el departamento de Arauca. No puede seguir siendo esta la tierra del olvido. Urge que el Estado deje de subestimar esta región y la capacidad de adaptación de estas organizaciones a las condiciones de la guerra y a las lógicas políticas, sociales y culturales de la zona.
Recordemos que, tal como afirma Raymond Aron, “la guerrilla gana la guerra cuando no la pierde, y quienes luchan con ella la pierden si no la ganan”.
Nota: Sabemos que la reforma agraria es un elemento importante para avanzar en la construcción de la paz. Si bien se ha intentado avanzar de manera tímida en la creación y reglamentación de la jurisdicción agraria, aún se está muy lejos de construir una institucionalidad que dé cuenta de las necesidades de regulación e intervención del mundo agrario.
Diana Morales R. – Politóloga, Especialista en Políticas Públicas, Esp. En Economía, Esp. en Derecho Constitucional y Magíster en Estudios sobre Desarrollo, con especialidad en Seguridad, paz y desarrollo.
