La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender durante 90 días la mayoría de los fondos de ayuda exterior ha generado preocupación en América Latina, especialmente en Colombia. Según la BBC, en 2023, Colombia fue el principal receptor de la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recibiendo aproximadamente $740 millones de dólares.
Esta suspensión afecta directamente a numerosas organizaciones no gubernamentales que dependen de estos fondos para implementar programas en áreas como derechos humanos, desarrollo rural y asistencia a poblaciones vulnerables. En regiones como Arauca, varias organizaciones locales ya han comenzado a pausar o cancelar proyectos, lo que ha resultado en la pérdida de empleos y ha dejado a muchas comunidades sin servicios esenciales.
La población que anteriormente se beneficiaba de estas ayudas ahora buscará apoyo en el Estado colombiano, que podría no estar preparado para suplir estas necesidades de manera inmediata. Líderes comunitarios de Arauca han expresado su preocupación por el vacío que deja la suspensión de la ayuda internacional, señalando que durante años estos programas han complementado los esfuerzos gubernamentales y su ausencia podría exacerbar problemas sociales y económicos en la región.
Paralelamente, Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en la administración Trump, ha criticado públicamente a USAID, calificándola de “organización criminal” y afirmando que “es hora de que muera”. Musk ha anunciado que, junto con Trump, están en proceso de desmantelar la agencia, argumentando que está más allá de la reparación.
Estas declaraciones han generado controversia y preocupación sobre el futuro de la cooperación internacional de Estados Unidos y el impacto que tendrá en países que dependen de esta asistencia. Organizaciones no gubernamentales y actores locales en Colombia hacen un llamado al gobierno nacional para que implemente estrategias que mitiguen el impacto de esta suspensión y garanticen la continuidad de los programas esenciales para el bienestar de las comunidades afectadas.