La Alcaldía de Arauca notificó a 23 establecimientos comerciales en la Zona Rosa sobre la obligación de cumplir con las adecuaciones exigidas por un fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, emitido en el año 2017. Los propietarios de los negocios tendrán un plazo de 15 días para realizar los ajustes necesarios en sus instalaciones y cumplir con las normativas vigentes en materia de insonorización acústica, regulación de niveles de ruido, uso del espacio público y zonas de parqueo.
Desde la Administración Municipal han sido enfáticos en que no habrá más prórrogas y que, una vez vencido el plazo, los negocios que no cumplan con las disposiciones serán cerrados de manera definitiva.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, aseguró que se han brindado diferentes alternativas a los establecimientos comerciales para que regulen el volumen de sus actividades y hagan uso adecuado del espacio público, pero no ha sido posible lograr el mejoramiento de la zona. “No se pudo a las buenas, ahora vamos con mano dura”, puntualizó.
Alcalde de Arauca, Juan Qüenza
El fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, que data de 2017, estableció que los establecimientos nocturnos debían respetar las normas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), garantizando la insonorización de los locales para evitar afectaciones a la comunidad, así como la adecuada organización de las zonas de parqueo. Sin embargo, tras ocho años de reiterados incumplimientos, la Alcaldía ha decidido endurecer las medidas para garantizar el orden en la zona.
Desde la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación, se han adelantado inspecciones para verificar que cada negocio cumpla con los requerimientos establecidos. En caso contrario, las autoridades procederán con el cierre de los establecimientos con acompañamiento de la Policía Nacional, en cumplimiento de la acción popular interpuesta en su momento.
La magistrada encargada del caso ha solicitado en reiteradas ocasiones que los propietarios de estos negocios cumplan con las disposiciones establecidas en la sentencia. Las inspecciones continuarán y las sanciones se aplicarán conforme a la ley, con el fin de garantizar el bienestar de la comunidad y la correcta aplicación de las normativas vigentes.
