El panorama fiscal de Colombia sigue bajo lupa internacional. En su más reciente informe, la calificadora Moody’s Ratings encendió las alertas al advertir que la caída en el recaudo tributario, combinada con un creciente endeudamiento y gastos inflexibles, está comprometiendo seriamente la estabilidad fiscal del país.
En 2024, Colombia recaudó un 14,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra inferior al 16,7 % logrado en 2023. Aunque ese año marcó un pico histórico por reformas anteriores y altos precios del petróleo, Moody’s calificó ese resultado como una distorsión temporal, y señaló que el nivel actual es insuficiente para sostener un presupuesto con metas más ambiciosas.
A esto se suma un déficit fiscal que escaló al 6,8 % del PIB, poniendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal. El gobierno evitó el incumplimiento gracias a una maniobra contable: una transacción de única vez por $31,9 billones. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que sin ese salvavidas, el déficit primario estructural habría sido del 1,8 %, lo que habría violado por primera vez la regla desde su creación en 2011.
En paralelo, la relación deuda/PIB se disparó del 54 al 60 % en apenas un año. Hoy, por cada $100 que recauda el Estado, $16 se destinan al pago de intereses de la deuda. El Presupuesto General de la Nación para 2025 ya refleja ese peso: $112,6 billones irán al servicio de la deuda, mientras que el recaudo proyectado es de $299,9 billones. Pero el CARF estima un posible desfase de $34 billones.
La situación ya generó consecuencias. En marzo, Fitch Ratings rebajó la perspectiva crediticia del país de estable a negativa. Moody’s, que aún conserva el grado de inversión para Colombia (Baa2), advirtió que ese estatus podría peligrar si la gestión fiscal no mejora este año.
El contexto político complica aún más el panorama. La falta de mayorías en el Congreso ha dificultado la aprobación de reformas estructurales. Mientras la reforma pensional avanzó, otras como la laboral y la de salud fueron frenadas. Además, la Corte Constitucional tumbó artículos clave de la reforma tributaria de 2022, debilitando los ingresos del Estado, especialmente del sector extractivo.
Moody’s señala que la estrategia del gobierno para cumplir la regla fiscal en 2025 depende casi exclusivamente de una “gestión eficiente del efectivo”. Es decir, sin un aumento sostenido de ingresos, el país tendrá que endeudarse aún más. Y en un entorno internacional de alta incertidumbre, eso se traduce en mayores tasas de interés y más presión sobre las finanzas públicas.
