El reciente fallo de segunda instancia emitido por la Procuraduría General de la Nación a favor del alcalde de Arauca, Juan Qüenza, se convierte en otro capítulo más dentro del complejo entramado de demandas y procesos judiciales que han acompañado la trayectoria política del mandatario desde su época como diputado hasta su actual cargo en la administración municipal.
En esta ocasión, la Procuraduría absolvió a Qüenza de la acusación relacionada con el supuesto uso indebido de un vehículo oficial de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante una emergencia ocasionada por inundaciones. Aunque efectivamente se transportaron enseres y animales de un campesino damnificado, la Procuraduría concluyó que dicha acción se ajustaba plenamente a las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia climática, descartando que configurara una conducta disciplinaria indebida. El fallo, que ratifica la decisión tomada en primera instancia, despeja cualquier cuestionamiento sobre el actuar del alcalde en este caso, confirmando su apego a la normatividad vigente.
Sin embargo, más allá de este caso particular, es importante reflexionar sobre los efectos colaterales de esta continua judicialización a funcionarios públicos, especialmente en regiones con profundas problemáticas estructurales como Arauca. Por un lado, estas demandas y procesos judiciales representan un necesario ejercicio democrático de vigilancia y control político. Garantizan que la ciudadanía pueda cuestionar y fiscalizar el actuar de sus gobernantes, y que estos, a su vez, tengan que rendir cuentas ante los órganos competentes del Estado.
Pero también hay otras facetas que merecen análisis crítico. En muchos casos, estas acciones judiciales pueden derivar del rezago de contiendas electorales pasadas o futuras, movidas por rivalidades políticas que a veces parecen más personales que fundamentadas en un verdadero interés público. En ocasiones, se convierten en herramientas para desgastar política, económica y emocionalmente a los mandatarios, quienes deben emplear importantes recursos financieros y tiempo valioso en su defensa, desviando su atención del verdadero ejercicio de gobierno y de la gestión pública efectiva.
En Arauca, una región particularmente afectada por años de abandono estatal, violencia y conflicto armado, estos procesos judiciales pueden tener consecuencias directas sobre el desarrollo y progreso local. Cuando un mandatario concentra gran parte de su energía en defenderse ante múltiples acusaciones, inevitablemente reduce su capacidad para implementar políticas públicas efectivas y estrategias claras de gobierno. Sin embargo, es importante señalar que este no ha sido el caso específico del alcalde Juan Qüenza, quien, a pesar de numerosas demandas en su contra, ha permanecido activo en el territorio, enfocándose en el desarrollo de actividades propias de su cargo. En contraste, otros mandatarios enfrentados a situaciones similares han optado por permanecer más tiempo en Bogotá para gestionar sus procesos legales, lo que puede interpretarse como diferentes formas de confiar en la solidez de su situación jurídica. Con ello, no solo se afecta la eficiencia administrativa en esos casos, sino que también se ponen en riesgo inversiones esenciales para el bienestar y crecimiento de la región.
Este contexto judicial también puede desencadenar dinámicas preocupantes en la gobernanza local. Al disminuir la capacidad de liderazgo y acción del gobernante elegido, se abren espacios para el surgimiento de liderazgos paralelos, cuyos intereses pueden no estar alineados necesariamente con el bien común. En la historia reciente de Arauca, tanto en la Gobernación como en la Alcaldía, se han visto casos donde, aun sin la separación formal del cargo, en la práctica otros actores han ejercido influencia o poder de decisión, generando distorsiones en la administración pública. En el caso actual de Juan Qüenza, su situación se distingue por haber salido fortalecido con fallos a su favor, manteniendo el liderazgo sobre su administración.
Es importante aclarar que esta estabilidad no implica un favorecimiento personal al mandatario, sino que constituye una garantía constitucional propia de los regímenes democráticos, orientada a permitir el ejercicio pleno del poder. Esto no le confiere al gobernante “superpoderes” ni lo exime de responsabilidades. Como establece el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia y lo señala la teoría política, el verdadero jefe en democracia es el pueblo soberano. Esta permanencia, lejos de blindarlo, aumenta su responsabilidad y lo compromete aún más con el cumplimiento de su programa de gobierno. Es relevante también alertar sobre el impacto que pueden tener las demandas indiscriminadas, que en vez de fortalecer el control democrático, pueden debilitar la capacidad institucional de un gobierno elegido popularmente.
Por otro lado, cuando las acusaciones finalmente son resueltas a favor de los mandatarios, como ha ocurrido en este caso con Qüenza, surge un cuestionamiento hacia quienes lideran o promueven tales denuncias. Es legítimo y necesario el control político, pero es esencial que este sea ejercido con responsabilidad, ética y objetividad. Se requiere una oposición que no solo cuestione, sino que también proponga soluciones y alternativas viables para las problemáticas que enfrenta la región. De lo contrario, la confrontación política termina siendo estéril, limitándose a una lucha de poder y no a la generación de ideas o proyectos que realmente beneficien a los ciudadanos.
En síntesis, este fallo de la Procuraduría en favor del alcalde Juan Qüenza sirve como un llamado para repensar la forma en que se ejerce el control político en Arauca. Es un recordatorio de la necesidad urgente de enfocar los esfuerzos colectivos en la solución de problemas estructurales como la seguridad, el desarrollo económico, la educación y la salud, aspectos claves para la estabilidad y prosperidad del territorio. Arauca, históricamente golpeada por múltiples crisis, necesita con urgencia un diálogo político maduro, constructivo y propositivo, que permita avanzar hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos sus habitantes.
Superada la contienda electoral y lo que muchos denominan la “temporada de demandas” que buscaban la salida de los mandatarios, y de cara a las próximas elecciones al Congreso de la República, resulta pertinente proponer una agenda programática que convoque no solo a los adeptos a los gobiernos locales, sino también a sus opositores y a las vertientes independientes. Es momento de hacer más visibles las ideas, los proyectos, las propuestas, los debates y los análisis que permitan activar herramientas conceptuales para la construcción de un departamento en desarrollo. En un país tan polarizado como Colombia, y en un territorio como Arauca, agobiado por los actores armados al margen de la ley, la escasez de recursos para obras de impacto y las rencillas políticas que tantas veces derivan en desesperanza, hablar de unión puede parecer una utopía; pero hablar de coincidir en propósitos es, sin duda, un objetivo posible incluso en la diferencia.
