Estados Unidos ha desplegado una significativa fuerza naval en el Caribe sur, con tres destructores equipados con el sistema de misiles guiados Aegis —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— ya posicionados en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, en las cercanías de Curazao y Aruba, según fuentes citadas por Reuters. La movilización incluye cerca de 4.000 marinos y soldados, aviones de reconocimiento P‑8 Poseidón, al menos un submarino de ataque y otros buques de guerra, cuya misión oficial es operar en espacio aéreo y marítimos internacionales para enfrentar a organizaciones catalogadas como “narco‑terroristas”.
Este despliegue está totalmente vinculado a la estrategia estadounidense de enfrentar el narcotráfico en la región, particularmente aquellas redes con presuntos vínculos al régimen de Nicolás Maduro, como el Tren de Aragua y varios cárteles mexicanos que operan en coordinación. Desde 2020, EE. UU. había denunciado el uso de infraestructuras estatales venezolanas para el tránsito ilícito de cocaína, y el reciente aumento de la presión militar se enmarca en esa línea.
En respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano, presentándolos como una fuerza popular dispuesta a “defender la soberanía”. Esta medida busca mostrar respaldo interno al régimen, aunque especialistas advierten que, más allá de la cifra anunciada, la capacidad real de despliegue y operatividad de estas milicias es limitada.
Paralelamente, se ha firmado un renovado acuerdo militar con Trinidad y Tobago, donde EE. UU. y el gobierno trinitense extendieron varios convenios de cooperación estratégica, entre ellos la renovación del Status of Forces Agreement (SOFA), el Acuerdo de Servicios Cruzados (ACSA) y otros mecanismos que facilitan la interoperabilidad militar. Aunque Barbados negó que esto implique el establecimiento de bases estadounidenses en territorio trinitense, se reconoce que estos acuerdos permitirían el despliegue rápido de tropas en caso de un conflicto en la frontera venezolana.
En la región, se ha observado una actividad aérea creciente en torno a Curazao. Aunque no hay confirmación precisa de aterrizajes estadounidenses, se reporta que aviones de vigilancia y posiblemente aeronaves Boeing han despegado y aterrizado en el aeropuerto de la isla, reforzando la sensación de que la flota opera a proximidad directa de Curazao, aunque la defensa formal de la isla sigue bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos, que mantienen presencia naval y aérea permanente .
En cuanto al ambiente político, se contempla que estas acciones militares incrementan la presión sobre el régimen de Maduro. Muchos venezolanos, particularmente opositores, interpretan que el despliegue podría inducir grietas internas o deserciones dentro del círculo cercano al presidente, especialmente ante la millonaria recompensa por su captura. Al mismo tiempo, hay temor de una intervención militar directa, aunque esta se ve poco probable.
Analistas geopolíticos destacan que, en el actual contexto de acercamiento entre Donald Trump y Vladímir Putin, es improbable que Rusia intervenga militarmente en defensa de Maduro. Este nuevo clima estratégico restaría apoyo externo al régimen venezolano, dejando al país en una posición más aislada en el plano internacional.
En el caso de Colombia, la respuesta al despliegue militar estadounidense en el Caribe ha sido de cautela. El presidente Gustavo Petro ha reforzado la seguridad fronteriza, pero se ha mantenido distante de la confrontación directa con Caracas. Sin embargo, en la zona binacional de frontera persisten fuertes cuestionamientos. Analistas advierten que los llamados acuerdos de integración económica y comercial entre Colombia y Venezuela no han traído la reactivación prometida, sino que habrían servido como plataforma para fortalecer estructuras delictivas que operan en la región, bajo el amparo de redes binacionales. Esta visión crítica contrasta con el discurso oficial que insiste en la necesidad de mantener abiertos los canales económicos y de movilidad entre ambos países.
Ecuador, por su parte, bajo el gobierno de Daniel Noboa, ha planteado a la administración de Donald Trump la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en su territorio, además de un tratado de libre comercio. La propuesta busca reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, aunque todavía no hay confirmación de que Washington haya aceptado formalmente la oferta.
En cuanto a Argentina, el gobierno ha respaldado los esfuerzos de Washington y de otros países en la región para catalogar al Tren de Aragua como organización terrorista internacional, reforzando la coordinación multilateral contra estas estructuras de crimen transnacional que tienen origen en Venezuela.
Mientras tanto, la incertidumbre aumentó tras conocerse el vuelo nocturno de un avión vinculado a Nicolás Maduro, que partió de Maiquetía con rumbo a Managua. La aeronave permaneció alrededor de dos horas en la capital nicaragüense antes de regresar a Venezuela. Aunque no existe explicación oficial, el hecho ha sido interpretado como una maniobra preventiva para reforzar alianzas políticas o asegurar eventuales salidas estratégicas ante la presión militar y diplomática que crece en la región.
