Colombia podría perder este lunes 15 de septiembre la certificación en materia de lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, lo que representaría un golpe a la cooperación bilateral y confirmaría las tensiones diplomáticas actuales entre ambos gobiernos.
La certificación es un proceso que Washington aplica desde 1986 para evaluar los esfuerzos antinarcóticos de países productores y distribuidores. En el caso colombiano, esta aprobación implica un respaldo de alrededor de 380 millones de dólares anuales.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña Jaramillo, aseguró la semana pasada que el Gobierno continúa gestionando hasta el último momento para mantener el aval. Paralelamente, viajaron a Estados Unidos el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, para sostener reuniones oficiales.
Una descertificación afectaría el apoyo internacional a las operaciones de la fuerza pública contra estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. El embajador recordó que la ley estadounidense ofrece distintos escenarios en caso de sanción, dependiendo de la decisión presidencial.
Colombia ya había enfrentado una situación similar en 1996 durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio de cuestionamientos por presunta financiación ilícita de campaña. Entre 2000 y 2018, Estados Unidos destinó más de 10.000 millones de dólares al país en programas de cooperación, según cifras del Congreso norteamericano.
Actualmente, Colombia cuenta con cerca de 253.000 hectáreas de coca sembradas y produce al menos 2.600 toneladas de cocaína al año, de acuerdo con la ONU. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la política antidrogas tradicional y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, lo que ha generado choques con Washington.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó recientemente que con una descertificación “ganan los ilegales” y “pierden las naciones”. La decisión de Estados Unidos llega en un momento en que se incrementa la violencia asociada al narcotráfico y cuando la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas.
