El Gobierno nacional decretó para 2026 un salario mínimo vital de $2.000.000 mensuales, suma que incluye el auxilio de transporte. La decisión, que ya rige desde el 1 de enero, representa el mayor salto de los últimos años y pone en el centro del debate el equilibrio entre mejores ingresos para los trabajadores formales y los costos que deberán asumir las empresas.
De acuerdo con los decretos 1469 y 1470 de 2025, el salario mínimo legal mensual vigente pasa de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026, lo que corresponde a un aumento nominal del 23%. El auxilio de transporte, por su parte, sube de $200.000 a $249.095, con un incremento del 24,5%. En la práctica, el ingreso bruto de un trabajador que devenga un salario mínimo y recibe auxilio de transporte pasa de $1.623.500 a $2.000.000 mensuales.
En su alocución, el presidente Gustavo Petro presentó estas cifras como la puesta en marcha de un “salario mínimo vital familiar” y explicó que el cálculo se hizo tomando como referencia una canasta familiar cercana a los $3 millones, un hogar promedio de 3,4 integrantes y alrededor de 1,5 personas ocupadas por familia. Según el mandatario, al dividir el costo de esa canasta entre los trabajadores del hogar se obtuvo el nivel de ingreso que el Gobierno considera suficiente para cubrir un mínimo vital, lo que dio lugar al nuevo piso salarial.
El Ejecutivo sostiene que el ajuste no es solo un número, sino una decisión de política económica y social. Petro defendió la medida como una forma de reducir pobreza y desigualdad y aseguró que, lejos de frenar la economía, el aumento del salario mínimo podría impulsar el consumo de los hogares y, con ello, las ventas y el empleo, al generar mayor demanda sobre la economía popular y las pequeñas unidades productivas.
Sin embargo, el tamaño del incremento ha encendido las alarmas en sectores empresariales y entre analistas económicos. Expertos consultados por medios internacionales, como Reuters, advierten que un alza de esta magnitud —muy por encima de la inflación esperada y más del doble del incremento de 9,53 % aplicado para 2025— podría presionar los costos laborales, afectar la competitividad de algunas actividades y tensionar las finanzas públicas, especialmente en rubros como nómina estatal y pensiones.
Varios economistas y exfuncionarios han ido más allá y han planteado el riesgo de despidos masivos o congelación de contrataciones, en particular en empresas con márgenes estrechos o alta participación de mano de obra poco calificada. Algunos analistas señalan que, si la productividad no acompaña el incremento salarial, parte del ajuste podría hacerse reduciendo personal, tercerizando más servicios o trasladando actividades a la informalidad. Firmas especializadas en derecho laboral recuerdan, además, que cualquier reducción de planta que supere ciertos umbrales puede ser considerada despido colectivo y requerir autorización del Ministerio de Trabajo, lo que añade presión jurídica a las decisiones empresariales.
Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el reto se siente con mayor fuerza. Cálculos de portales contables muestran que al nuevo salario mínimo no solo se suman el auxilio de transporte, sino también mayores valores en prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales, lo que eleva de forma apreciable el costo total de un trabajador formal en 2026 frente a 2025. Esto podría traducirse en recortes de horas extras, reacomodo de turnos, congelación de vacantes o aplazamiento de inversiones en algunos sectores.
El aumento tampoco alcanza a toda la fuerza laboral. Aunque el Gobierno destaca que entre 2 y 3 millones de personas recibirán directamente el nuevo piso salarial, las cifras oficiales muestran que la informalidad laboral sigue por encima del 50% a nivel nacional, con tasas que superan el 80 % en áreas rurales. En otras palabras, una parte importante de quienes trabajan en Colombia no está cobijada por el decreto y continúa dependiendo de ingresos inestables, sin prestaciones ni protección social.
Un punto clave del debate es el impacto del nuevo salario mínimo sobre los precios de bienes y servicios indexados. Ante el temor de que el ajuste dispare el valor de productos regulados, tarifas y especialmente la vivienda VIS y VIP, el Gobierno anunció que expedirá —o ya prepara— decretos para desindexar varios bienes del salario mínimo y evitar que el alza se traslade automáticamente al costo de la vivienda social. Voceros del Ejecutivo han señalado que, si la desvinculación no se concreta en todos los casos, los subsidios a la vivienda tendrían que incrementarse en proporciones similares para mitigar el impacto sobre los hogares compradores.
En paralelo, el ministro de Trabajo ha hablado de un decreto de desindexación y de control de precios para ciertos bienes y servicios, con el argumento de evitar aumentos injustificados al amparo del nuevo salario mínimo. La sola mención de controles ha reavivado un viejo debate económico: mientras el Gobierno asegura que se trata de medidas puntuales para “poner orden” en la formación de precios, críticos advierten que intervenir de esa manera puede generar distorsiones, desabastecimiento o menor inversión en algunos sectores.
La discusión también se trasladó al terreno jurídico. El decreto que fija el salario mínimo para 2026 ya fue demandado ante el Consejo de Estado, en una movida impulsada por exministros y sectores de oposición que consideran que el aumento no se sustenta en la productividad de la economía y desborda la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Por ahora, el trámite judicial tomará tiempo, y mientras no haya una decisión de fondo, el incremento se aplica normalmente en nóminas públicas y privadas.
En términos políticos, varios analistas ven en este aumento una señal fuerte del rumbo que el Gobierno quiere imprimir al final de su mandato: un Estado que interviene de forma más decidida en la distribución del ingreso y en la regulación de precios. Desde esa óptica, el salario mínimo vital de $2 millones se convierte en una bandera frente a su base social, pero también en uno de los puntos de fricción más visibles con los gremios empresariales, el Banco de la República y la oposición, que lo leen como una apuesta intervencionista con riesgos sobre inversión y estabilidad macroeconómica.
Mientras avanza la discusión, lo cierto es que, desde este comienzo de 2026, millones de trabajadores formales verán un incremento claro en su ingreso mensual. La forma en que empresas, comercios, hogares y autoridades respondan a este nuevo nivel de salario mínimo definirá si el ajuste se traduce en mejores condiciones de vida sostenibles o en una nueva ronda de tensiones entre empleo, precios y finanzas públicas.
