El inminente cierre de la ruta turística de la Flor de Inírida en las sabanas del Guainía como consecuencia de la quema de más de cien hectáreas de vegetación durante el fin de semana, es uno de los primeros impactos económicos del fenómeno El Niño en las pequeñas comunidades de las regiones alejadas en el país.
Este departamento no aparece en la priorización municipal incluida en el Plan Nacional De Gestión Ante El Fenómeno “El Niño”, un documento publicado en octubre pasado por el Gobierno Nacional, que contiene los lineamientos para afrontar cualquier impacto que se produjera, es decir, saber cómo actuar en el momento de enfrentar los incendios forestales, por ejemplo; aun así, ya hay graves afectaciones.
Ahí es donde tendrían que verse reflejados los resultados de las acciones anticipatorias incluidas en el plan y que estaban concebidas para desarrollarse durante los últimos meses de 2023, sin embargo, bastaron unos cuantos días y las primeras emergencias para que el Gobierno Nacional declarara la situación de Desastre Nacional.
Ante esa primera respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, queda en evidencia que no se tomaron las medidas anunciadas para fortalecer la capacidad de preparación y respuesta tanto en las entidades nacionales como en los territorios del país y que nacieron de las lecciones aprendidas del fenómeno El Niño que ocurrió durante 2018 y 2019, por lo que surgen muchas preguntas y muy pocas respuestas.
La primera explicación que dio el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, es que esta es solo una medida preventiva por si se requiere utilizar plata de cualquier sector asignada en el Presupuesto General de la Nación para 2024, aclarando que no serán los quinientos billones, por supuesto, pero que es necesario tener disponibilidad de recursos. Pero entonces, ¿por qué la urgencia de la declaratoria de desastre? ¿No es más viable disponer de la financiación que ya tiene asignada la UNGRD para este año que apenas está comenzando? Son más de veinticinco mil millones que deben estar disponibles casi en su totalidad y que fueron presupuestados para atender esas emergencias. Claro, seguramente serán insuficientes.
Y sí, hay que enfrentar el fenómeno climático porque muchos municipios ya están racionando el agua potable, lo que afectará las jornadas escolares o la atención al público en las administraciones locales o cualquier otro servicio a la comunidad, especialmente cuando se trata de los niños, los incendios forestales apenas están comenzando y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico es un reto.
¿Cuál sector entonces será el sacrificado para responder oportunamente si todos necesitan cumplir sus propias responsabilidades con los más vulnerables del país, qué regiones tendrán que seguir esperando por sus grandes proyectos o sus más mínimas necesidades? Todos los rincones de Colombia piden atención, todos. Y en todos ellos se sentirán los efectos económicos, ambientales y sociales de El Niño.
Por eso, lo mínimo que debe hacer el comité de más alto nivel que administra la crisis, es diseñar cuanto antes el plan de acción para determinar cuánto costará atender los daños que ya se causaron, prever cuántos recursos adicionales se necesitan para ejecutar el plan que ya se diseñó, pedir la plata y así las demás entidades tengan certeza de cuanto les van a reducir el presupuesto, ajusten sus propias inversiones y empiecen a hacerlas desde ya.
Que no ocurra lo mismo que con la atención por el fenómeno La Niña, vuelve a llover tres días y ya está medio país inundado.
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