Tal como estaba previsto, ayer se realizó la audiencia pública, a la cual fueron invitados los representantes del Inpec y la Policía en el municipio de Arauca, con la finalidad de entregar detalles sobre la situación de los reclusos de la cárcel y las estaciones, en cuanto a espacios, alimentación y demás asistencia.
El diputado Dumar Sebastián Sánchez pidió la construcción de un nuevo centro penitenciario con más capacidad y advirtió que la actual cárcel está ubicada en una zona residencial del centro de la ciudad, lo que significa un riesgo.
También pidió remodelación de la Estación de la Policía, pero alertó que, si se hacen ajustes en esa sede, aún no se conoce un plan de contingencia para los sindicados.
Diana Santana, asesora jurídica del Centro penitenciario y carcelario de Arauca, aclaró que el Inpec sólo es responsable de los privados de libertad condenados, es decir 269, sin embargo, incluidos los recluidos en sus casas son 495.
Entre tanto, la situación en las estaciones de Policía es preocupante. El teniente coronel Marcel Villarte reveló que han evitado ayudas a otras fuerzas por el hacinamiento que hay en las instalaciones.
Señaló que las 138 personas que hay en la estación y no saben dónde las van a ubicar cuando inicien los trabajos de reparación.
El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, también intervino y recordó la preocupación por la llegada de al menos 88 guerrilleros del Eln que están pagando por sus dleitos en otras regiones y serán trasladados al departamento de Arauca.
El funcionario recordó que la cárcel de Arauca no cuenta con suficiente seguridad y recordó la fuga, hace 15 años, del cabecilla del Eln alias ‘Pablito’.
Coronel Carlos Andrés Díaz, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Quirón, coincidió con lo expuesto por los invitados y el citante a la audiencia pública, sin embargo, centró su alerta en un único punto: la seguridad, por la llegada de integrantes del Eln.
Resaltó que se requiere la vinculación de autoridades de la fuerza pública, alcaldes e incluso un representante del gobierno nacional para atender los requerimientos planteados en la audiencia pública.
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