La Defensoría del Pueblo ha lanzado un llamado urgente a las instituciones gubernamentales para que refuercen su presencia en el departamento de Arauca, donde la seguridad se ha visto gravemente comprometida en las últimas semanas. La entidad insta a que se tomen acciones concretas para proteger a la población, que enfrenta “la constante vulneración de los derechos de las comunidades y la zozobra en la que viven”.
Este llamado se produce en medio de un panorama alarmante. Entre el 22 y el 27 de agosto, se reportaron ocho homicidios en municipios como Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, habrían sido asesinadas por grupos armados ilegales que operan en la región. Entre los fallecidos se encuentran líderes sociales como Willis Guillermo Robinson Sánchez, líder comunal de Puerto Rondón, y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito. Con estos crímenes, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Arauca durante 2024 asciende a 13, y los homicidios totales en el departamento superan los 100 casos en lo que va del año.
Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas y secuestros en la región. Durante los primeros ocho meses de 2024, se han reportado más de 110 casos, lo que agrava la sensación de inseguridad entre la población. Según la entidad, estos hechos “comprometen los derechos a la libertad y a la integridad” de los habitantes, quienes se sienten cada vez más desprotegidos.
La violencia no se limita solo a las vidas humanas. El pasado fin de semana, la estación de Policía de Fortul fue atacada con artefactos explosivos y ráfagas de fusil en pleno casco urbano, lo que puso en peligro a los residentes de la zona. Además, en los últimos días se han registrado atentados contra la infraestructura petrolera, incluyendo el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el oleoducto Bicentenario. Estos ataques han afectado a comunidades rurales en veredas como El Consuelo, Islas de Bojaba y La Pava en Saravena, y Palmarito y Bajo Tamacay en Fortul y Tame.
En un informe dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) el pasado 20 de agosto, la Defensoría había advertido sobre los riesgos que enfrenta Arauca, especialmente por la falta de un cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc y el grupo Eln. Según el documento, ambas estructuras armadas podrían intensificar sus ataques contra las comunidades, la fuerza pública, y las infraestructuras clave en la región.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados no estatales para que cesen las acciones contra la población civil y respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). “Insistimos en que se abstengan de vulnerar los derechos de la población y de transgredir lo que dicta el DIH”, enfatizó la entidad, y pidió la adopción de medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro de la situación en Arauca.
