La extradición de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, podría sufrir un nuevo retraso luego de que este solicitara asilo en Portugal. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó desde el Congreso que la justicia portuguesa tiene un plazo de entre 60 y 80 días para resolver la petición, lo que prolongaría su estadía en ese país mientras se define su situación jurídica.
Según explicó Buitrago, tras conocer que su extradición a Colombia había sido concedida, Marín se trasladó a Portugal, donde las autoridades judiciales reactivaron la solicitud de extradición. Sin embargo, el detenido presentó un recurso de asilo, lo que implica que mientras se verifica la validez de su solicitud, permanecerá bajo una protección temporal.
El proceso de asilo en Portugal implica una evaluación detallada de las razones expuestas por Marín para solicitar refugio. Las autoridades portuguesas deberán determinar si su petición se ajusta a los parámetros de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, lo que podría extender aún más su estadía en ese país. No obstante, Buitrago resaltó que Portugal ya cuenta con información sobre las investigaciones que se adelantan en Colombia contra Marín por delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y otras infracciones graves.
Ministra de justicia, Ángela María Buitrago
El tribunal encargado del caso en Portugal deberá evaluar tanto la solicitud de asilo como la extradición en paralelo. Aunque el proceso podría resolverse antes del plazo máximo establecido, la ministra Buitrago advirtió que la presentación de recursos adicionales, como el equivalente a una tutela en Colombia, podría alargar el trámite.
Marín, señalado como el ‘zar del contrabando’ en Colombia, ha sido vinculado a presuntas actividades ilícitas de gran escala, incluyendo el financiamiento irregular de campañas políticas y la corrupción dentro de entidades estatales. Su captura y extradición han sido una prioridad para las autoridades colombianas, quienes ahora deberán esperar la decisión de la justicia portuguesa antes de proceder con su traslado al país.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano sigue de cerca el caso y mantiene comunicación con las autoridades portuguesas para garantizar que el proceso de extradición se lleve a cabo sin mayores dilaciones. La situación de Marín se ha convertido en un tema de interés nacional, dado el impacto de sus actividades ilegales en la economía y la política colombiana.
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