El Gobierno Nacional decretó una serie de impuestos temporales bajo el marco de la conmoción interior, con el propósito de recaudar $3 billones para atender la crisis en la región del Catatumbo. Sin embargo, el Coordinador de la Comisión Accidental de Conmoción Interior, Duvalier Sánchez, advirtió que estos tributos solo podrán aplicarse durante 90 días, como lo establece la ley, y no hasta diciembre de 2025, como pretende el Ejecutivo.
Dentro de los nuevos tributos establecidos, se contempla un gravamen del 1% sobre la primera venta de exportaciones de carbón y petróleo, con el cual el Gobierno espera recaudar $214.000 millones. Asimismo, los juegos de azar en línea y los casinos virtuales deberán pagar un IVA del 19% sobre sus ventas, aportando aproximadamente $500.000 millones. Por otro lado, los trámites notariales, como la radicación de escrituras, certificados legales o registros de matrimonios civiles, tendrán un impuesto al timbre del 1%, con una proyección de recaudo de $330.000 millones.
A pesar de que estas medidas fueron establecidas bajo el amparo de la conmoción interior, la intención del Gobierno de extender su vigencia hasta diciembre de 2025 ha generado preocupación en distintos sectores. Sánchez afirmó que prolongar estos impuestos sin un respaldo legal claro sería inconstitucional, y que cualquier intento de hacerlo requeriría una reforma tributaria aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional.
El Ministerio de Hacienda ha expresado su intención de avanzar en una reforma tributaria que permita hacer permanentes estos tributos. Sin embargo, legisladores y expertos advierten que esta estrategia podría enfrentar obstáculos legales y políticos. “Si el Gobierno quiere mantener estos impuestos más allá del tiempo permitido por la conmoción interior, debe someterlo al Congreso. De lo contrario, la Corte Constitucional podría tumbar la medida”, enfatizó Sánchez.
La posible extensión de estos tributos también ha generado incertidumbre en el sector empresarial, particularmente en la industria extractiva y en las plataformas de apuestas en línea. Analistas económicos advierten que nuevos impuestos sin una hoja de ruta clara podrían afectar la competitividad del país, generar incertidumbre en los inversionistas y presionar la economía con efectos en la inflación y la tasa de cambio.
En caso de que el Gobierno decida insistir en mantener estos tributos hasta diciembre, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Mientras tanto, el país sigue atento a los efectos económicos de estas medidas y a la posibilidad de una nueva reforma tributaria que definiría el futuro de estos impuestos en Colombia.
