La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alerta sobre la grave crisis humanitaria que afecta a once regiones del país, entre ellas Arauca, debido al accionar de grupos armados ilegales. Según el informe presentado por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la situación ha generado desplazamientos forzados, confinamientos masivos y un incremento en los homicidios, afectando principalmente a comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y a la población infantil y juvenil.
El informe señala que los grupos armados ilegales responsables de esta crisis incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Mordisco, los Comandos de Frontera y otras estructuras criminales, que han incrementado su presencia en diversas zonas del país. Según la Defensoría, estos grupos tienen influencia en el 23% de los municipios colombianos, es decir, en 809 localidades, lo que evidencia su crecimiento y consolidación territorial.
En Arauca, uno de los departamentos más afectados, la confrontación entre grupos armados ha generado graves vulneraciones a los derechos humanos de la población civil. La Defensoría ha documentado casos de confinamiento de comunidades enteras, homicidios selectivos, extorsiones y reclutamiento forzado de menores. La ausencia de presencia estatal efectiva en varias zonas del departamento ha permitido que los grupos ilegales impongan su dominio y control sobre la población.
Defensora del Pueblo, Irís Marín Ortíz
El informe destaca que el Clan del Golfo es la estructura criminal que más se ha expandido en los últimos cinco años, aunque todas las organizaciones han incrementado su capacidad operativa. Las disidencias de las FARC han establecido alianzas estratégicas con otros actores armados, lo que ha intensificado la disputa territorial en varias regiones del país. En Chocó, por ejemplo, el ELN y el Clan del Golfo protagonizan una fuerte confrontación armada, lo que ha llevado a desplazamientos masivos y confinamientos en comunidades indígenas y campesinas.
La crisis humanitaria se agrava aún más con el anuncio de un paro armado de 72 horas por parte del ELN, programado para el 18 de febrero, lo que ha generado una suspensión de la movilidad en varias zonas y un aumento de la presencia de minas antipersona en las comunidades más afectadas. En Chocó, al menos 1.600 personas han sido desplazadas o confinadas debido a esta situación, aunque las cifras podrían ser aún mayores, según han reportado diversas autoridades.
En el marco de esta emergencia, la Defensora del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que prioricen acciones de protección para la población civil y refuercen la presencia estatal en las zonas afectadas. Asimismo, solicitó a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias, exigiendo respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados. La Defensoría exigió al Gobierno que incluya en las mesas de negociación la liberación inmediata de menores reclutados y la suspensión de esta práctica, considerada una de las más graves violaciones de los derechos humanos.
A pesar del complejo panorama de violencia y crisis humanitaria, la Defensora del Pueblo enfatizó que Colombia cuenta con las instituciones y capacidades necesarias para enfrentar la expansión de los grupos armados ilegales. Instó a la ciudadanía y a las autoridades a trabajar de manera articulada para garantizar la presencia integral del Estado en los territorios y evitar que estas estructuras criminales sigan fortaleciéndose. La Defensoría reiteró su compromiso con la documentación de violaciones a los derechos humanos, la exigencia de respuestas efectivas por parte del Estado y el acompañamiento a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
