La plenaria de la Cámara de Representantes retomó este martes el debate sobre la reforma a la salud, luego de varios días de dilación. El retraso se debió al rechazo de algunos miembros de la mesa directiva, incluyendo el primer vicepresidente Jorge Rodrigo Tovar y la segunda vicepresidenta Lina María Garrido, quienes se negaron a convocar la discusión hasta que el Ministerio de Salud cumpliera las órdenes de la Corte Constitucional sobre el ajuste de la UPC y los presupuestos máximos.
En los días previos, el Ministerio de Salud tomó dos decisiones que permitieron reanudar el debate. El 28 de febrero, la cartera expidió una resolución para crear mesas de trabajo que analizarán los ajustes a la UPC. Además, el 20 de febrero, el Ministerio de Hacienda autorizó el pago de $819.000 millones que el Estado adeuda al sistema por presupuestos máximos, aunque en cuatro cuotas.
Sin embargo, la discusión avanzó poco durante la sesión. Una serie de recusaciones presentadas contra varios congresistas bloqueó el debate, impidiendo la votación o discusión de nuevos artículos. Pasadas las 7:00 p.m., el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se vio obligado a levantar la sesión debido a la falta de quórum.
La plenaria intentó iniciar la discusión sobre los artículos 9 al 13 del proyecto, que involucran las funciones de la Adres, el llamado banco de la salud. Estos artículos son clave pues definen cómo la Adres se convertirá en el pagador único del sistema, asignando fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud y administrando incentivos para las Gestoras de Salud y Vida.
Algunos congresistas de la oposición expresaron preocupaciones sobre la concentración de poder en la Adres y la posible fragmentación de los recursos de salud. Sin embargo, el debate no logró profundizar en estos temas debido a las interrupciones por las recusaciones presentadas.
El estancamiento del debate refleja las tensiones y complejidades que rodean esta reforma crucial para el sistema de salud colombiano. Mientras el gobierno busca avanzar con los cambios propuestos, la oposición y algunos partidos independientes mantienen sus reservas sobre aspectos clave del proyecto.
