La crisis humanitaria en Colombia se agravó durante 2024. Así lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su más reciente informe, titulado Retos Humanitarios 2025. Según el organismo, el país atraviesa el momento más crítico de los últimos ocho años en términos de afectaciones a la población civil, producto de la intensificación de las hostilidades y el debilitamiento del respeto por las normas humanitarias en medio del conflicto armado.
De acuerdo con el informe, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), de las cuales el 44 % estuvieron dirigidas contra la vida e integridad de personas protegidas. El 33 % se relacionaron con acciones que pusieron en riesgo a la población civil durante enfrentamientos, y el 23 % restante afectó el acceso a necesidades básicas como salud, alimentación y educación.
“La población civil sigue pagando un precio demasiado alto. Esto no debería suceder”, advirtió Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia, al insistir en que el respeto al DIH es una obligación que no admite demoras ni excepciones.
Entre las afectaciones más graves se destaca el uso creciente de artefactos explosivos. En 2024, se registraron 719 personas heridas o fallecidas, lo que representa un aumento del 89 % frente al año anterior. De ellas, el 67 % eran civiles. El confinamiento forzado de comunidades también alcanzó niveles preocupantes, afectando a más de 88.800 personas, según datos de la Unidad para las Víctimas. Además, 117.000 personas fueron incluidas en el registro por desplazamiento individual, y más de 41.000 lo fueron por desplazamiento masivo.
El informe también alerta sobre 252 nuevos casos de desaparición asociados al conflicto armado y un incremento del 44 % en ataques o restricciones a la asistencia médica en contextos de violencia.
Una de las situaciones más preocupantes, según el CICR, es el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, a través del reclutamiento forzado, uso y utilización por parte de actores armados. A esto se suma la persistencia de la violencia sexual como método de control y dominación, una práctica que sigue siendo silenciada por el miedo, el estigma y la falta de garantías para las víctimas.
La organización también hace un llamado urgente a garantizar el acceso humanitario sin restricciones. Regiones como Arauca, Bolívar y Norte de Santander muestran un deterioro acentuado en las condiciones de vida de sus habitantes, con aumento en los casos de confinamiento, desapariciones y lesiones por explosivos.
En Arauca, por ejemplo, el confinamiento creció un 148 % respecto a 2023, afectando a más de 7.000 personas. Además, fue el departamento con más desapariciones documentadas por el CICR durante el año, con 67 casos registrados. En Bolívar, la cifra de personas confinadas se multiplicó por seis, y los afectados por explosivos pasaron de 9 a 53 en un solo año.
Desde Bucaramanga, donde el CICR coordina su labor para la zona nororiental del país, la jefa de subdelegación Andreane Valeriote advirtió que la falta de garantías de acceso limita gravemente la capacidad de asistencia humanitaria en zonas remotas o controladas por grupos armados. Recalcó que la labor del CICR depende de condiciones mínimas de seguridad y respeto por parte de todos los actores en conflicto.
El informe concluye que, si bien las comunidades han demostrado gran capacidad de resistencia, la protección de la vida y la dignidad no puede depender únicamente de su resiliencia, sino del cumplimiento efectivo de las normas humanitarias. El CICR reitera su disposición para acompañar a las poblaciones afectadas, pero menciona que son las partes en conflicto quienes deben garantizar condiciones reales de protección y acceso.
