El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría convocar a una consulta popular mediante decreto si el Senado no se pronuncia sobre la iniciativa antes del 1 de junio. Benedetti argumenta que la votación realizada en la plenaria del Senado, que rechazó la consulta con 49 votos en contra y 47 a favor, presenta vicios de trámite que la invalidan legalmente.
Según Benedetti, durante la sesión no se leyó la proposición final antes de la votación, como lo exige el artículo 125 de la Ley 5 de 1992. Además, sostiene que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró la votación prematuramente sin permitir apelaciones, lo que, a su juicio, constituye una irregularidad que impide considerar la consulta como oficialmente negada.
Ante esta situación, el Gobierno ha radicado una nueva propuesta de consulta popular, conocida como “consulta popular 2.0”, que incluye las 12 preguntas originales sobre derechos laborales y añade 4 relacionadas con la reforma a la salud. La primera radicación fue retirada debido a que fue presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien actuaba como presidente encargado, lo cual generó cuestionamientos legales. Posteriormente, la propuesta fue radicada nuevamente con la firma del presidente Petro para subsanar el error.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha señalado que la nueva consulta presenta “muchos vicios” y que su trámite se llevará a cabo en un plazo de 20 días, prorrogables por 10 días más. Cepeda también ha cuestionado la legalidad de presentar una nueva consulta con las mismas preguntas que ya fueron rechazadas en la misma legislatura.
La oposición ha criticado la estrategia del Gobierno, calificándola de “populista” y advirtiendo que cualquier intento de convocar una consulta popular por decreto sería inconstitucional. El exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta Padilla afirmó que el Gobierno no tiene facultades para convocar una consulta popular sin la aprobación del Congreso y que, de hacerlo, el decreto podría ser demandado y suspendido provisionalmente.
El presidente Petro, por su parte, ha defendido la consulta popular como un mecanismo para que el pueblo decida sobre las reformas propuestas por su gobierno. En un discurso reciente, Petro afirmó que la consulta no ha sido negada y que se preparan para llevarla a cabo, reiterando su llamado a la movilización popular.
La situación ha generado un ambiente de tensión política en el país, con el Gobierno y la oposición enfrentados por la legalidad y la legitimidad de la consulta popular y las reformas propuestas. Se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir y las posibles acciones legales que podrían emprenderse en torno a este tema.
Declaraciones del Ministro del Interior, Armando Benedetti
