Una fuerte controversia política se desató en el Congreso de la República tras la expedición del decreto con el que el presidente Gustavo Petro convoca a una consulta popular centrada en reformas laborales y sanitarias. Legisladores de diferentes bancadas calificaron la medida como un golpe a la institucionalidad y anunciaron acciones jurídicas para frenar su avance.
La representante Lina Garrido advirtió que “se ha roto la institucionalidad en Colombia” y denunció que el presidente está pasando por encima del poder legislativo.
Representante a la Cámara, Lina Garrido
A su vez, el representante Julio César Triana calificó el decreto como el inicio de una “dictadura”, y cuestionó el uso de más de 700.000 millones de pesos en medio de una difícil situación fiscal.
Representante a la Cámara, Julio César Triana
Desde distintas orillas políticas, también se sumaron voces como la del representante Daniel Carvalho, quien aseguró que el mandatario “está jugando con fuego en un país que ya está en llamas”, y que la consulta sería usada como “chantaje político para presionar a las Cortes”.
Representante a la Cámara, Daniel Carvahlo
Por su parte, el congresista Hernán Cadavid calificó la medida como “ilegal, chantajista y extorsionista”, y advirtió que representa un intento de someter al Congreso y desarmar su autonomía.
Representante a la Cámara, Hernán Cadavid
Los congresistas anunciaron que acudirán ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para solicitar la nulidad del decreto, al considerar que vulnera el equilibrio de poderes y consolida un proyecto político personalista. En medio de esta creciente tensión institucional, será ahora responsabilidad de los órganos de control determinar la legalidad del mecanismo impulsado por el Gobierno.
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