La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales para reforzar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Arauca, ante el recrudecimiento de la violencia en la región. El organismo recordó que persisten las advertencias consignadas en las Alertas Tempranas 011 y 019 de 2023, mientras que a nivel nacional se registran 119 asesinatos de líderes sociales entre enero y agosto de este año.
En un pronunciamiento reciente, la entidad señaló que en lo corrido de 2025 han sido asesinadas cuatro personas lideresas sociales en el municipio de Tame, a lo que se suma el homicidio de Juan Carlos Agudelo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arauquita, ocurrido el pasado 27 de septiembre.
El organismo reiteró la urgencia de que las autoridades implementen, sin más dilaciones, las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas 011 y 019 de 2023. Estas alertas establecen rutas de acción para prevenir ataques contra la población civil, con especial énfasis en líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y mujeres que ejercen labores sociales en zonas urbanas y rurales del departamento.
La Defensoría señaló que los grupos armados ilegales y las estructuras del crimen organizado siguen afectando de manera directa la vida, integridad y libertad de las comunidades araucanas. Las dinámicas del conflicto, advierte la entidad, se extienden en municipios como Arauquita, Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena, Fortul y Arauca capital, lo que dificulta el ejercicio del liderazgo social y comunitario.
En su llamado, la institución exigió al Estado poner en marcha medidas de prevención y protección inmediatas, al tiempo que pidió a los actores armados cesar la violencia.
El panorama nacional refuerza la alerta. Entre enero y agosto de este año, la entidad confirmó el asesinato de 119 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social en Colombia. De esta cifra, 102 eran hombres y 17 mujeres. Además, en el mismo periodo fueron asesinados 30 firmantes del Acuerdo de Paz en diferentes regiones del país.
La Defensoría recordó que el respeto al Derecho Internacional Humanitario es un deber ineludible para todos los actores armados. Su aplicación estricta, subrayó la entidad, es la única garantía para proteger a la población civil y, en particular, a quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en Colombia.
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