La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra el exalcalde de Arauca Benjamín Socadagüi Cermeño dentro de un proceso judicial relacionado con irregularidades detectadas en la financiación de su campaña electoral.
La decisión también involucra a Héctor Getulio Abril Castillo, quien tuvo a su cargo la gerencia de la campaña política. Ambos deberán cumplir una pena de 80 meses de prisión, según lo establecido en la providencia judicial.
En el fallo se determinó que la sanción se cumplirá bajo la modalidad de detención domiciliaria, siempre que los condenados paguen una caución equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, medida que deberá hacerse efectiva una vez sean notificados formalmente de la decisión.
La actuación judicial tiene su origen en una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos utilizados durante la campaña electoral que llevó a Socadagüi a la alcaldía del municipio de Arauca.
De acuerdo con los elementos recopilados en el proceso, durante la contienda política se habrían utilizado distintos tipos de ayudas y bienes para obtener respaldo electoral de ciudadanos. Entre las prácticas mencionadas dentro de la investigación se encuentran entregas de dinero en efectivo y otros elementos destinados a favorecer el apoyo en las urnas.
Las irregularidades detectadas no se limitaron únicamente al periodo de campaña. Según lo expuesto durante el proceso penal, una vez finalizada la elección y tras asumir el cargo, se habrían presentado inconsistencias en la información contable reportada ante las autoridades electorales sobre los ingresos y gastos de la campaña.
Las autoridades establecieron que dentro de esos reportes financieros se registraron operaciones que no correspondían con movimientos reales, entre ellas supuestos préstamos y aportes atribuidos a personas que no contaban con la capacidad económica para realizarlos.
Con base en esos documentos, se habrían adelantado trámites ante el Consejo Nacional Electoral para obtener la devolución de recursos relacionados con la financiación de la campaña.
Durante el desarrollo del proceso judicial, la Fiscalía solicitó que la pena impuesta superara los siete años de prisión al considerar acreditado el delito de fraude procesal.
Con la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia, la condena queda ratificada dentro de este expediente judicial, lo que marca una nueva etapa en el caso que involucra al exmandatario local.
