La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales vinculados al denominado “tarimazo”, tras revocar la suspensión que se había otorgado en el marco de acercamientos con estructuras delincuenciales.
La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que dejó sin efecto la suspensión en la mayoría de los casos. Según se explicó, varios de los beneficiados inicialmente ya se encontraban condenados o privados de la libertad, lo que hacía jurídicamente inviable mantener la medida.
Los cabecillas a quienes se les reactivan las órdenes de captura son: Freyner Alonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”; Walter Alonso Román Jiménez, alias “El Tigre”; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias “El Indio”; Elder Darbey Zapata Rivera, alias “Grande Pa’”; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo”; José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”; Sebastián Murillo Echeverri, alias “Lindolfo”; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Chata”; Juan Fernando Álvarez, alias “Juan XXIII”; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias “El Compa”; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias “Yerbas”; Carlos Augusto Correa López, alias “Mono Pepe”; Iván Darío Suárez Muñoz, alias “Barbas”; Jesús David Hernández Grisales, alias “Chaparro”; Juan Camilo Rendón Castro, alias “Saya”; y Paulo Andrés Torrez Flórez, alias “Pocho”.
Por otra parte, siete cabecillas continuarán con la suspensión de las órdenes de captura: Albert Antonio Henao Acevedo, alias “Albert”; Rodrigo Henao Acevedo, alias “Perica”; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias “Clemente”; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias “El Abogado”; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias “Mundo Malo”; Fredy Alexander Henao Arias, alias “Naranjo”; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “El Montañero”.
Esta decisión ha generado nuevas críticas a la política de “diálogos sociojurídicos” impulsada por el Gobierno nacional con organizaciones criminales, en medio de cuestionamientos sobre su alcance y efectos en la seguridad.
Durante una entrevista, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la medida y advirtió posibles contradicciones en la política criminal. Señaló que mientras las autoridades avanzan en investigaciones y capturas, algunos líderes de estas estructuras podrían mantener beneficios en procesos de diálogo.
Galán indicó que estructuras como la banda El Mesa han sido investigadas durante más de un año y estarían vinculadas a múltiples hechos violentos en la capital. También expresó que decisiones de este tipo pueden generar un mensaje contradictorio frente al trabajo de las autoridades.
El mandatario agregó que espera conocer los criterios del Gobierno nacional frente a la designación de algunos de estos actores como gestores de paz o interlocutores en eventuales procesos de sometimiento, insistiendo en que cualquier acercamiento debe centrarse en la entrega a la justicia.
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