El uso de drones en Colombia continúa en aumento, tanto en actividades recreativas como profesionales. Sin embargo, autoridades y expertos advierten que su operación sin el cumplimiento de la normativa vigente puede derivar en sanciones económicas y riesgos para la seguridad aérea.
De acuerdo con la regulación establecida en el RAC 100, cualquier operación de drones debe cumplir condiciones específicas, incluso cuando no tenga fines comerciales. Entre los errores más frecuentes se encuentran volar en zonas no autorizadas, sobre aglomeraciones de personas o en cercanías de aeropuertos, situaciones que pueden afectar la seguridad de terceros y las operaciones aéreas.
También se ha identificado que muchos usuarios operan estos dispositivos en áreas residenciales sin considerar riesgos como la invasión de la privacidad, molestias a la comunidad o posibles accidentes. A esto se suma la falta de verificación de condiciones básicas como límites de altura, entorno de vuelo y control permanente del equipo durante la operación.
Otro de los factores señalados por expertos es la percepción errónea de que las normas no aplican para usuarios recreativos. Sin embargo, la regulación es obligatoria para cualquier tipo de operación, independientemente del tamaño del dron o su uso.
Según lo establecido por la normativa, el incumplimiento de estas disposiciones puede generar sanciones que alcanzan hasta los 55 salarios mínimos mensuales, es decir, cerca de 20 millones de pesos.
Las autoridades reiteran el llamado a los operadores para que verifiquen las condiciones de vuelo, respeten las restricciones establecidas y hagan un uso responsable de estos dispositivos, con el fin de evitar incidentes y sanciones.
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