El conflicto armado continúa dejando profundas afectaciones humanitarias en Arauca. Mientras la Defensoría del Pueblo adelanta jornadas para recibir declaraciones de víctimas en distintos municipios del departamento, recientes casos de presuntos secuestros y desapariciones vuelven a encender las alertas sobre las consecuencias que siguen enfrentando las comunidades.
Durante la última semana, la Defensoría del Pueblo realizó jornadas de toma de declaraciones en seis municipios de Arauca, atendiendo a 150 personas que buscan formalizar su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y acceder a medidas de reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011.
Arauquita fue el municipio con mayor participación, con 80 personas atendidas, en un proceso acompañado por personerías municipales, administraciones locales y representantes de las mesas de víctimas. La toma de declaración permite a las personas afectadas relatar hechos victimizantes y avanzar en procesos de reconocimiento, atención y reparación por parte del Estado.
Las cifras reflejan la dimensión de la situación humanitaria en el departamento. Según datos oficiales, Arauca registra 206.833 víctimas del conflicto armado, producto de hechos como desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones, homicidios, atentados y confrontaciones armadas. Los municipios con mayor número de personas afectadas son Tame, con 79.614 víctimas registradas; Arauquita, con 42.264; y Saravena, con 36.793.
A este panorama se suman hechos recientes ocurridos en Fortul, donde crece la preocupación por el reporte de cuatro personas presuntamente secuestradas en los últimos días. Entre los casos conocidos se encuentra el del contratista Omar Giovanny Cordero Toscano, quien habría sido interceptado por hombres armados la noche del viernes cuando salía de un establecimiento comercial.
También fue reportado el caso de Plácido Ovallos, maestro de construcción de 58 años, quien habría sido sacado de su vivienda en el barrio Robles. A estos hechos se suman las desapariciones de Nora Nur Cepeda y Daniela Velazco Cepeda, madre e hija, quienes, según versiones conocidas, habrían sido llevadas por hombres armados desde su residencia en el asentamiento Héctor Alirio Martínez.
En Arauquita también existe preocupación por la situación de José Alejandro Ávila Márquez, hijo de Daniel Ávila, conocido por la comunidad como el “Profe Daniel Ávila”, por quien familiares, amigos y allegados convocaron una marcha solidaria y una velatón para pedir por su pronta liberación. La jornada busca reunir a la ciudadanía en un acto de acompañamiento y esperanza frente a la situación que enfrenta su familia.
Hasta el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el paradero de las personas reportadas como desaparecidas, mientras comunidades y familiares continúan exigiendo respuestas y garantías de protección. Los recientes hechos evidencian que, pese a los esfuerzos institucionales de reparación, las afectaciones derivadas del conflicto siguen presentes en varias zonas del departamento.








