La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República y a la Presidencia a adoptar medidas legislativas, regulatorias, reglamentarias, de política pública e institucionales para crear mecanismos efectivos de interlocución entre los usuarios en Colombia y las plataformas digitales que prestan servicios en el país.
La decisión fue adoptada en la Sentencia T-174 de 2026, luego del estudio de una tutela presentada por César Lorduy contra la red social X y varias entidades públicas, tras la suspensión definitiva de su cuenta verificada por un incidente de ciberseguridad ocurrido en diciembre de 2023.
Según el boletín de la Corte, Lorduy señaló que utilizaba esa cuenta para participar en el debate público y que, además de perder el acceso a su historial y seguidores, también reportó cobros no autorizados asociados al hackeo.
La Sala Sexta de Revisión protegió su derecho de petición y recordó que este derecho no se limita a enviar una solicitud, sino que también implica recibir una respuesta clara, útil, efectiva y de fondo.
Para el alto tribunal, en los entornos digitales el derecho de petición adquiere especial relevancia, porque permite que los usuarios pidan información, explicaciones o aclaraciones sobre decisiones adoptadas por plataformas que pueden afectar sus cuentas, servicios o derechos.
La Corte también señaló que la falta de domicilio formal de una plataforma digital en Colombia no puede convertirse, por sí sola, en una barrera absoluta para garantizar derechos, cuando esa empresa presta servicios de manera continua a usuarios ubicados en el país y sus decisiones producen efectos en el territorio nacional.
En ese sentido, el tribunal aclaró que este entendimiento no significa obligar a las plataformas a establecer presencia societaria en Colombia ni modificar el régimen jurídico de los servicios transfronterizos. Sin embargo, sí reconoce que deben existir mecanismos reales para que los usuarios puedan ejercer sus derechos cuando resulten afectados por decisiones de estas compañías.
Además del llamado al Congreso y a la Presidencia, la Corte exhortó al MinTIC, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio a participar en el debate público sobre la regulación de estos mecanismos de interlocución con plataformas digitales y multinacionales que operan en Colombia.
Con este pronunciamiento, la Corte reiteró que los derechos fundamentales también deben garantizarse en los entornos digitales cuando las decisiones de las plataformas producen efectos sobre los usuarios en Colombia.
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