El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca ordenó la suspensión provisional de los bombardeos contra estructuras criminales en el departamento hasta que las Fuerzas Militares ajusten sus protocolos para prevenir la afectación de menores de edad reclutados por grupos armados ilegales.
La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas Ávila, y ordena al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana revisar, en un plazo de dos meses, los procedimientos de inteligencia y planeación de este tipo de operaciones para incorporar mecanismos que permitan identificar la posible presencia de niños, niñas y adolescentes antes de ejecutar ataques aéreos.
El fallo señala que, aunque la Fuerza Aeroespacial cuenta con un manual para la planeación de bombardeos, este no contempla procedimientos específicos para verificar la presencia de menores de edad dentro de las estructuras armadas, situación que, según el despacho judicial, representa un riesgo para una población reconocida como víctima del conflicto armado.
Tras conocerse la decisión judicial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró que el reclutamiento forzado no elimina la condición de víctimas de los menores de edad ni exime al Estado de su obligación de protegerlos durante el desarrollo de operaciones militares. La funcionaria insistió en que las autoridades deben adoptar todas las medidas posibles para evitar que niños, niñas y adolescentes resulten afectados en este tipo de acciones.
La providencia corresponde a una decisión de primera instancia y podrá ser impugnada por las entidades accionadas. Si el fallo queda en firme, las autoridades deberán ajustar los protocolos ordenados por el juzgado antes de reanudar este tipo de operaciones en el departamento, sin perjuicio de la eventual revisión que pueda realizar la Corte Constitucional.
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