La Unidad Nacional de Protección (UNP) enfrenta nuevos cuestionamientos en medio del proceso de transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella. A las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de escoltas y la compra de botes para esquemas de protección colectiva, se sumaron las protestas de trabajadores que reclaman garantías en el proceso de formalización laboral y cuestionan cambios en una de las principales licitaciones de la entidad.
Desde el pasado 20 de julio, cerca de 400 integrantes de organizaciones sindicales permanecen concentrados frente a la sede de la UNP, en Bogotá. Los manifestantes aseguran que existen incertidumbres sobre la formalización de aproximadamente 6.000 trabajadores vinculados a labores de protección y rechazan modificaciones en el proceso de contratación que, según afirman, alteraron las condiciones inicialmente previstas para la licitación.
Durante la noche del 21 de julio la protesta registró momentos de tensión. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se produjo luego de que algunos manifestantes se negaran a retirar las vallas instaladas en el lugar.
Según Geovany Varela, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal inconformidad está relacionada con la decisión de reducir de diez a dos las zonas contempladas inicialmente en el proceso de licitación para la contratación del servicio de protección, así como la falta de claridad sobre el paso de los trabajadores tercerizados a la planta permanente de la entidad.
Ese mismo proceso también es objeto de una acción de tutela presentada por la cooperativa Starcoop, integrante de la Unión Temporal Andinos 040 y operadora del servicio de escoltas en la Zona 1 desde diciembre de 2023. La organización sostiene que la UNP modificó el alcance de la convocatoria sin publicar los estudios técnicos, financieros o jurídicos que respaldaran esa decisión y pidió suspender el proceso mientras un juez estudia el caso.
Las preocupaciones sobre la contratación de la entidad también fueron planteadas por el equipo de empalme del presidente electo, que solicitó a la Procuraduría General de la Nación hacer seguimiento a varios procesos que avanzan antes del 7 de agosto. Entre ellos figura la licitación para la contratación del servicio de escoltas, cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos, y sobre la cual la administración entrante considera necesario revisar las condiciones en las que será adjudicada.
Otro de los procesos bajo observación corresponde a la compra de botes y motores destinados a comunidades con medidas de protección colectiva. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, existen denuncias sobre presuntos sobrecostos y posibles inconsistencias en un contrato adjudicado en 2024, además de cuestionamientos por la eventual participación de empresas que habrían intervenido previamente en la elaboración de cotizaciones utilizadas como referencia para el proceso.
Actualmente la UNP adelanta una nueva contratación para adquirir embarcaciones que serán destinadas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Vichada, Santander y Caquetá, razón por la cual también se ha solicitado revisar la participación de los oferentes.
Frente a las denuncias, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró que los procesos contractuales cuentan con acompañamiento de los organismos de control y explicó que la reducción de las zonas de contratación obedeció a restricciones presupuestales. Según indicó, la entidad solicitó cerca de 4 billones de pesos para la vigencia 2026, pero recibió 2,7 billones, lo que obligó a priorizar la protección de congresistas, funcionarios del Gobierno y algunos líderes sociales.
Rodríguez también afirmó que la Contraloría revisó el contrato para la compra de botes adjudicado en 2024 sin encontrar irregularidades y sostuvo que las embarcaciones hacen parte de los esquemas de protección colectiva implementados en comunidades donde el transporte fluvial resulta indispensable. Asimismo, rechazó versiones sobre supuestas irregularidades en la contratación de escoltas para el nuevo gobierno y aseguró que los procesos de selección cumplen con los controles establecidos.
Mientras continúan las manifestaciones de los trabajadores y avanzan las solicitudes de vigilancia sobre las licitaciones, las denuncias y la acción de tutela mantienen la atención sobre los procesos de contratación que adelanta la Unidad Nacional de Protección en la recta final del actual gobierno.
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