El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 incluye $30,2 billones en apropiaciones que todavía no contarían con una fuente cierta de financiación, según el análisis presentado por la Contraloría General de la República.
El organismo de control pidió al Congreso respaldar cada partida con ingresos comprobables o ajustar el gasto durante el trámite legislativo para evitar mayores presiones sobre las finanzas públicas.
El valor total propuesto pasaría de $555,8 billones en 2026 a $575,7 billones en 2027, lo que representa un crecimiento de 3,6%. La mayor parte del aumento se concentraría en el servicio de la deuda pública.
Esta partida subiría de $100,4 billones a $118 billones, equivalente a un incremento de 17,5%. En contraste, los gastos de funcionamiento y los recursos destinados a inversión crecerían apenas 0,5%.
La inversión pasaría de $89,47 billones a $89,96 billones. Entretanto, los ingresos totales proyectados disminuirían 0,9%, al pasar de $550,5 billones a $545,5 billones. Los ingresos corrientes caerían 3,4%.
Educación tendría la mayor asignación, con $79,03 billones, seguida por Salud y Protección Social, con $77,2 billones, y Trabajo, con $52,31 billones. Entre las entidades de mayor tamaño, el Ministerio de Defensa Nacional tendría un incremento de 16,8%.
Las disminuciones más pronunciadas corresponderían al Fondo Adaptación, con 89,1%; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con 88,5%; y el Ministerio de Igualdad y Equidad, en proceso de liquidación, con 62,4%.
En un análisis relacionado, la Contraloría también alertó sobre la reducción de los recursos del Sistema General de Regalías. La menor disponibilidad podría afectar la ejecución de proyectos y el pago a contratistas en 1.030 municipios, los 32 departamentos y diferentes entidades nacionales.
Entre septiembre de 2022 y junio de 2026, el organismo abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal relacionados con recursos de regalías por más de $2 billones y adelantó 677 indagaciones preliminares.
El proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso. Durante la discusión se definirá si las apropiaciones señaladas reciben nuevas fuentes de financiación o si se ajusta el nivel de gasto propuesto.
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