Aunque Colombia cuenta con una de las normas de construcción sismorresistente más exigentes de América Latina, una parte considerable de las edificaciones existentes en el país podría no haber sido diseñada bajo estos estándares. Una estimación realizada por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, a partir del modelo de exposición de la Global Earthquake Model (GEM), señala que 74,9% de las edificaciones no tendrían diseño sismorresistente.
El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó nuevamente bajo atención las condiciones de las edificaciones frente a los movimientos sísmicos en Colombia. Con corte al 15 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas, además de 486.917 personas afectadas en 16 departamentos y 500 municipios.
El balance oficial también registraba 36.478 viviendas destruidas y otras 206.931 averiadas, una emergencia que reabrió la discusión sobre las condiciones de las construcciones frente a los movimientos sísmicos.
Colombia cuenta actualmente con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, adoptado en 2010. La regulación establece requisitos mínimos para reducir el riesgo de pérdida de vidas ante terremotos fuertes y contempla exigencias adicionales para edificaciones esenciales o de alta ocupación, como hospitales y colegios.
Sin embargo, la existencia de la norma no significa que todas las construcciones del país cumplan esos parámetros. Una parte del parque inmobiliario fue levantada antes de la adopción de las diferentes regulaciones sismorresistentes, mientras que otras edificaciones tienen origen informal.
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura había estimado en 2023 que al menos 52% de las edificaciones eran anteriores a la NSR-10 y que tres de cada cinco viviendas nuevas que ingresaban al mercado eran de origen informal.
La estimación del 74,9% tampoco corresponde a un censo oficial que haya inspeccionado individualmente las construcciones del país. El cálculo fue realizado por EL TIEMPO utilizando el modelo de exposición de GEM, que reúne información sobre aproximadamente 9,84 millones de edificaciones. Por esa razón, el dato indica una estimación de las construcciones que no tendrían diseño sismorresistente y no permite afirmar que tres de cada cuatro edificios hayan sido declarados inseguros.
Expertos consultados por ese medio señalaron además que la capacidad de una construcción para responder ante un terremoto depende no solo de la existencia de una regulación, sino también de su cumplimiento, las características de las edificaciones antiguas e informales y el reforzamiento de las estructuras existentes.
La exposición tampoco es igual en todo el territorio. Documentos de gestión del riesgo citados en el análisis señalan que 83% de la población colombiana vive en zonas de amenaza sísmica alta. Colombia se encuentra en una región influenciada por las placas de Nazca, Suramericana y del Caribe, además de sistemas de fallas y zonas de actividad sísmica.
El análisis diferencia además entre amenaza y riesgo sísmico. Mientras la amenaza se refiere a la posibilidad y características de los movimientos del terreno en determinado lugar, el riesgo incorpora factores como la cantidad y calidad de las construcciones expuestas y sus condiciones de vulnerabilidad.
Los modelos revisados ubican al Chocó como el departamento con mayor pérdida relativa esperada frente al riesgo sísmico, mientras que Valle del Cauca, Bogotá y Santander presentan las mayores estimaciones de pérdidas económicas absolutas.
Especialistas también plantean la necesidad de actualizar integralmente la NSR-10 para incorporar el conocimiento y la información sísmica obtenidos durante los últimos 16 años. La regulación ha tenido modificaciones parciales desde su expedición, entre ellas la incorporada mediante el Decreto 1401 de 2023 para reducir la vulnerabilidad de viviendas informales de mampostería.
El terremoto del 10 de agosto mostró la dimensión del desafío que enfrenta Colombia para reducir la vulnerabilidad de sus edificaciones, pese a contar con una normativa sismorresistente exigente.
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