La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó las sanciones contra siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc por su responsabilidad en secuestros y otros crímenes investigados dentro del Caso 01. La decisión establece las condiciones, horarios, restricciones y actividades que deberán cumplir los sancionados.
Las sanciones corresponden a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra Rodríguez; Milton de Jesús Toncel; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; Julián Gallo y Rodrigo Granda.
Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo recibieron sanciones de ocho años. Jaime Alberto Parra Rodríguez deberá cumplir siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años.
Las sanciones no contemplan penas de prisión. Los comparecientes deberán desarrollar trabajos, obras y actividades de contenido restaurativo y reparador, bajo las condiciones establecidas por la JEP. El modelo contempla horarios determinados, restricciones de movilidad y mecanismos de seguimiento durante su ejecución.
Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Los sancionados también deberán entregar informes sobre las labores realizadas y sus aportes a la verdad, incluida información relacionada con la ubicación de restos de personas que fueron secuestradas.
Además, estarán sometidos a monitoreo electrónico y tendrán restricciones para movilizarse por fuera de los territorios establecidos para el cumplimiento de las sanciones.
Uno de los primeros escenarios será el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Parra y Milton Toncel participarán en labores relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.
Las actividades incluyen adecuación del terreno, excavación manual, tamizado y apoyo a los equipos de búsqueda. Los procedimientos técnicos y forenses estarán a cargo del personal especializado.
Pablo Catatumbo y Julián Gallo iniciarán, por su parte, actividades relacionadas con memoria en Bogotá. Estas labores hacen parte del esquema restaurativo establecido por la JEP para ejecutar las sanciones.
La puesta en marcha ha generado cuestionamientos de algunas víctimas de las antiguas Farc. El exdiputado del Valle Sigifredo López ha manifestado su rechazo al modelo de sanciones y promovido una iniciativa para cerrar la JEP. Desde la jurisdicción, sus magistrados han defendido el alcance del modelo de justicia transicional.
La ejecución de las sanciones coincide con una discusión en el Congreso sobre los recursos de la JEP para 2027. Entre las propuestas en debate está el traslado de $100.000 millones de su presupuesto hacia la justicia ordinaria. Al tratarse de una discusión presupuestal en curso, ese traslado no debe presentarse como un recorte ya ejecutado.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, comunicó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional su preocupación por iniciativas presupuestales y legislativas que, según la jurisdicción, podrían afectar su funcionamiento e independencia.
El presidente Abelardo De La Espriella respondió el 20 de septiembre y rechazó esos señalamientos. El mandatario sostuvo que la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso no constituye una amenaza contra los jueces y defendió que los recursos públicos deben asignarse de acuerdo con la disponibilidad fiscal del Estado.
La discusión presupuestal continuará en el Congreso mientras la JEP avanza en la ejecución de las sanciones restaurativas establecidas para los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc.
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