La Sección Quinta del Consejo de Estado hizo un llamado a las entidades gubernamentales para que en adelante se comprometan con el efectivo cumplimiento de la ley 1761 de 2015 o la Ley Rosa Elvira Cely, por medio de la cual se tipifica el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres por motivo de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana.
La Corporación Judicial afirmó que el cumplimiento de dicha normativa es necesario, dado a que allí se fijaron una serie de obligaciones “a las entidades estatales, las cuales debían satisfacerse dentro de los plazos ahí consagrados. Sin embargo, a la fecha se encuentran en mora de cumplir con los deberes legales necesarios para sancionar ejemplarmente a quienes cometen actos de violencia contra la mujer”.
Recordó la corporación judicial que la ley “asignó al Ministerio de Educación Nacional varios deberes a saber: disponer lo necesario para la implementación del enfoque de género, implementar un sistema de monitoreo y evaluación, presentar un informe anual al congreso e iniciar el proceso de reglamentación” pero que a la fecha no se ha dado estricto cumplimiento.