La Fundación para la Observación e investigación de Derechos Humanos y el Desarrollo – (FOIDHD) presentó su estudio del año 2023 sobre Arauca en el cual directamente expresó su preocupación por el escalamiento de la tensión en el departamento, lo que ha agravado la situación de derechos humanos, mencionando como punto principal la guerra entre el Eln y las Farc por el control territorial.
En el documento se explica que “la violencia armada se concentró principalmente en los municipios de Tame, Arauca, Saravena, Arauquita y Puerto Rondón, generando graves impactos en la población civil. Sin embargo, es importante destacar que el resto del departamento de Arauca también se vio afectado por la violencia, aunque en menor medida”.
La fundación también resaltó que, en 2023, comparado con 2022, los homicidios selectivos disminuyeron, pero persistieron “otros tipos de violaciones como desapariciones, amenazas, reclutamiento de niños, y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz”.
De acuerdo a FOIDHD entre 2022 y 2023 se confirmó el asesinato de 17 líderes certificados y excombantientes de las Farc en el departamento de Arauca.
En cuanto a la población civil destaca que “las comunidades de Arauca se encuentran en una situación vulnerable debido a la presencia de grupos armados en sus territorios. Estos grupos establecen “fronteras invisibles” que restringen la movilidad de las personas, obligándolas a confinarse en sus comunidades”.
En cuanto a los indígenas, documentaron que “los Sikuani, Jivi, Eñepá, Hitnü, Makaguan, Yukpa y Kiwa están en riesgo de extinción física y cultural por los constantes desplazamientos forzados por los grupos armados ilegales obligan a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios ancestrales, lo que lesiona su identidad cultural y su relación con el medio ambiente, por el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados que los utilizan como escudos”.
Ante esta situación, la Fundación para la Observación e investigación de Derechos Humanos y el Desarrollo sugirió la implementación de medidas institucionales como la presencia institucional, implementación de planes de protección, atención a víctimas y realización de consultas previas para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
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