La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación en contra de varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes habían formulado cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular en 2022. Según determinó el ente acusador, no hubo delito en la actuación de los magistrados, ya que esta se llevó a cabo con base en procedimientos legales y no configuró prevaricato por acción, como se había señalado en la denuncia en su contra.
La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía, explicó que la decisión del CNE estuvo precedida de un proceso de investigación preliminar sustentado en la normatividad vigente. “En términos generales, la decisión de archivo se tomó por atipicidad objetiva de la conducta, ya que el pronunciamiento del CNE estuvo respaldado por un trámite legal debidamente soportado en el ordenamiento jurídico vigente”, afirmó la fiscal.
Asimismo, Abadía enfatizó en que los magistrados no incurrieron en ninguna actuación ilegal ni arbitraria. “Desde el punto de vista penal y punitivo, esta decisión del CNE no fue caprichosa ni contraria a la ley”, agregó. Por lo tanto, la Fiscalía concluyó que no había mérito para continuar con la investigación ni para judicializar a los funcionarios involucrados.
Entre los magistrados beneficiados con esta decisión se encuentran Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y César Lorduy, este último expresidente del CNE. Todos ellos habían sido señalados de actuar indebidamente al formular cargos contra la campaña Petro Presidente, acusándola de recibir aportes no reportados dentro de su financiación electoral.
Con este fallo, la Fiscalía cierra definitivamente el caso y deja sin efecto cualquier tipo de acusación en contra de estos magistrados. La decisión marca un nuevo capítulo en la controversia sobre la supervisión de la financiación electoral en Colombia y la función del Consejo Nacional Electoral en la regulación de las campañas políticas.
El cierre de la investigación también reaviva el debate sobre el alcance del CNE en la fiscalización de las campañas electorales, en especial cuando se trata de denuncias sobre financiación irregular. Mientras algunos sectores consideran que el organismo debe contar con mayor autonomía para realizar investigaciones sin ser judicializado, otros insisten en que sus decisiones pueden estar motivadas por presiones políticas.
Este fallo se suma a la serie de decisiones judiciales que han rodeado la polémica sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, en medio de un escenario político donde las acusaciones y los procesos judiciales continúan generando tensiones entre el Gobierno y la oposición.
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