Amnistía Internacional lanzó una fuerte advertencia sobre la situación humanitaria en Colombia, al presentar este lunes su informe anual. Según la organización, durante 2024 se registraron más de 200 asesinatos de líderes sociales, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y movimientos ambientalistas.
La ONG con sede en Londres afirmó que los grupos armados ilegales continúan ejerciendo control territorial en varias zonas del país, donde cometen homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores. “Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por el abandono estatal y el control armado con total impunidad”, afirmó el documento.
Uno de los puntos más críticos señalados por el informe es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Durante el último año, se reportaron 315 casos, aunque la organización advierte que el subregistro podría ser mucho mayor debido al miedo a denunciar y a la débil presencia institucional en zonas de conflicto. En departamentos como Nariño, Cauca, Catatumbo y Arauca, los menores son utilizados como combatientes, informantes o para actividades logísticas.
“La falta de condiciones básicas como salud, educación y seguridad facilita que estos niños sean arrancados de sus hogares bajo amenazas o engaños”, explicó Amnistía, que calificó esta situación como una violación grave y sistemática de los derechos de la niñez.
Además del reclutamiento, el informe resalta que más de 600 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante 2024, la mayoría en regiones donde el conflicto armado se mantiene activo. Las familias, en muchos casos, siguen sin recibir respuestas ni avances en las investigaciones.
Frente a este panorama, Amnistía Internacional criticó la respuesta del Estado colombiano, calificándola como insuficiente y basada en medidas reactivas. “No basta con entregar chalecos antibalas o asignar escoltas. Se requiere una política pública integral que proteja a las comunidades desde un enfoque colectivo y diferencial”, señaló la ONG.
La organización también cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro, indicando que hasta ahora no ha logrado establecer una estrategia de protección eficaz ni avanzar en el desmantelamiento real de los grupos armados, como fue pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
Finalmente, Amnistía reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de quienes defienden los derechos de sus comunidades. Advirtió sobre el riesgo de que la violencia se naturalice en regiones históricamente golpeadas por el conflicto, lo que perpetuaría el ciclo de impunidad y abandono.
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