Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) enfrentan una de sus etapas más complejas. En un comunicado emitido el martes 10 de junio, el Comando Central del ELN anunció la suspensión de los diálogos, argumentando incumplimientos por parte del Gobierno y la falta de un interlocutor que garantice la implementación de los acuerdos.
Según el pronunciamiento, “el Gobierno del presidente Petro ha fallado en ofrecer garantías reales para la continuidad del proceso. Nos hemos quedado sin interlocutor”. El grupo insurgente afirmó que la política de paz actual no responde a transformaciones estructurales y mantiene un enfoque militarista que contradice el discurso oficial.
El comunicado cuestiona directamente al presidente Gustavo Petro, señalando que su gobierno reproduce esquemas de guerra y estigmatización, lo que debilita la confianza en el proceso por parte de las comunidades que han respaldado el diálogo.
La decisión del ELN se da en un contexto de creciente violencia en regiones como Chocó, Norte de Santander y Arauca. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la intensificación del control territorial del grupo armado en varios departamentos.
Organizaciones sociales, como la Coordinadora Humanitaria Vivamos Humanos, lamentaron la suspensión y advirtieron que este hecho representa un retroceso en la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto. Hicieron un llamado a ambas partes a retomar el compromiso con la paz y a priorizar los derechos de las comunidades afectadas.
El anuncio se produce mientras el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se recupera de una intervención médica. Desde la Consejería de Paz se informó que continúa en funciones.
El ELN no descartó nuevas vías para exigir transformaciones sociales y participación política, aunque no precisó si esto implica un retiro definitivo de la mesa. Por ahora, la continuidad del proceso queda en suspenso.
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