El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aseguró este miércoles que la decisión sobre la viabilidad de la consulta popular solicitada por el Gobierno nacional para el 7 de agosto de 2025 debe quedar en manos de las altas cortes, ante la controversia jurídica entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Penagos señaló que esta situación no solo compromete el desarrollo del mecanismo de participación, sino que también podría poner en entredicho el orden institucional del país. Por esta razón, anunció que la Registraduría Nacional adoptará medidas para remitir la solicitud a instancias competentes.
Entre las acciones que adelantará el ente electoral, se incluyen la solicitud de un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el envío de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación, así como una solicitud formal a las altas cortes para que se pronuncien con prontitud.
Durante su intervención, Penagos recordó que la Registraduría Nacional es una entidad autónoma e independiente, sin superior funcional, y cuyo objetivo es garantizar la integridad del proceso electoral en Colombia.
También hizo referencia a la necesidad de claridad jurídica antes de comprometer una inversión cercana a los 750.000 millones de pesos que costaría la consulta, advirtiendo que, de acuerdo con la ley, se requieren al menos tres meses para ejecutar un proceso de esa magnitud.
Finalmente, el Registrador Nacional subrayó que convocar una consulta en el plazo propuesto es materialmente inviable, y advirtió sobre los riesgos institucionales y patrimoniales que implicaría tomar decisiones sin respaldo legal. “Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes”, concluyó.
