Mientras el Congreso de la República sigue sumido en un ambiente de confrontación por la reforma pensional, la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias para corregir un vicio de procedimiento ha desatado una nueva polémica que, más allá de lo jurídico, evidencia un agudo contraste entre el enfoque institucional de las ramas legislativa y judicial frente a la narrativa política e ideológica que lidera el Ejecutivo.
A pesar del retiro de varios congresistas, la sesión extraordinaria del 28 de junio se lleva a cabo con quórum deliberatorio, lo que permite que el Congreso continúe el trámite requerido por la Corte Constitucional. Sin embargo, la legitimidad del proceso sigue siendo objeto de debate, pues persisten los cuestionamientos sobre si se cumplió o no con el procedimiento constitucional exigido para corregir el vicio de forma en el trámite anterior.
La bancada independiente de la Cámara de Representantes, junto con sectores del Centro Democrático y Cambio Radical, presentó una constancia formal de retiro y no participación en la sesión extraordinaria del 28 de junio, argumentando que la convocatoria es ilegal. Según el documento dirigido a la Mesa Directiva de la Cámara, la sesión carece de validez jurídica por no estar sustentada en una notificación formal de la Corte Constitucional sobre el Auto 841 de 2025, lo cual, alegan, transgrede las normas del debido proceso legislativo.
Su postura se apoya en una serie de autos emitidos por la propia Corte —como el A‑247 de 2006, A‑210 de 2013 y A‑597 de 2023— que reiteran que los comunicados de prensa no tienen fuerza vinculante para generar efectos jurídicos. A esta línea se suma la sentencia SU‑487 de 2024, que establece que toda decisión judicial debe ser debidamente notificada para surtir efectos, principio que, según los congresistas firmantes, fue ignorado al basar la convocatoria exclusivamente en un comunicado informativo y no en una notificación oficial.
En contraposición, el Ejecutivo sostiene que la convocatoria fue legítima, respaldada por el decreto presidencial 0747 del 27 de junio, expedido en cumplimiento del fallo de la Corte que ordenó subsanar el trámite de la reforma pensional. El Gobierno defiende que la comunicación de la providencia judicial a través de canales institucionales fue suficiente para activar los plazos ordenados por el tribunal.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha intensificado su discurso en defensa del proyecto, apelando al carácter social de la reforma. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario llamó directamente a los congresistas de la oposición a no pasar a la historia como quienes negaron derechos a las madres de Colombia. “La pensión o el bono pensional generalizado debe ser el logro no solo del gobierno… sino de la nación entera, incluida la oposición”, afirmó Petro, invitándolos a reflexionar desde lo emocional y lo moral.
Sin embargo, para varios sectores críticos, este llamado representa más un acto de presión política que una invitación al diálogo institucional. Algunos legisladores señalan que esta narrativa, que apela constantemente a que “todo y todos se oponen a las reformas”, no es más que gasolina política para mantener encendido un conflicto artificial. Aseguran que detrás de la denuncia de “formas” hay, en realidad, una defensa del Estado de derecho, y que tergiversarlo como un obstáculo político es una forma de debilitar el rol de control del Congreso y de los jueces.
Lo que está en juego no es solo una reforma, sino el respeto a las reglas que sostienen la democracia. Para los colombianos, sostener el debate únicamente desde posiciones políticas que se enfrentan entre lo que “debería ser” y lo que “no quieren que sea”, ignora que el verdadero “deber ser” es actuar conforme a la ley, sin excepciones. En este escenario, el Ejecutivo se ampara en su visión programática e ideológica —como es su derecho legítimo—, pero lo hace a costa de tensionar los límites del marco legal, mientras las ramas legislativa y judicial han insistido en mantenerse dentro del cumplimiento formal del orden constitucional.
En medio de un futuro pensional incierto para millones de ciudadanos, la responsabilidad de los actores políticos debería ser construir acuerdos bajo el respeto de los procesos, y no usarlos como herramientas para afianzar narrativas de confrontación. El proyecto de reforma pensional que se discute propone un nuevo modelo basado en cuatro pilares: el pilar solidario, que otorgará un subsidio a personas en situación de vulnerabilidad; el pilar semicontributivo, que beneficiará a quienes aportaron de forma incompleta al sistema; el pilar contributivo, que integrará a los trabajadores formales que cotizan regularmente; y el pilar de ahorro individual voluntario, destinado a quienes deseen mejorar su pensión con aportes adicionales. Esta arquitectura busca garantizar que toda persona, sin importar su historial laboral, acceda a un ingreso digno en la vejez. La legalidad no puede ser tratada como un trámite menor frente a una promesa ideológica. Al final, el Estado de derecho no se defiende solo en lo que se dice, sino en cómo se hace.
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