Según el diario El País de España, en una serie de audios revelados este domingo, el excanciller Álvaro Leyva habría buscado la complicidad de asesores cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado Marco Rubio, para planear la salida del presidente Gustavo Petro.
Las grabaciones, obtenidas por el medio español, señalan que Leyva viajó en abril a Estados Unidos, donde se reunió con personas vinculadas al Partido Republicano, entre ellos los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. El propósito, según El País, habría sido generar presión internacional para forzar un cambio de gobierno en Colombia.
En los audios, Leyva habla de tener pruebas personales contra Petro, lo acusa de presunto consumo de drogas y sugiere que la vicepresidenta Francia Márquez podría asumir el poder tras su eventual salida. Incluso menciona el respaldo de sectores empresariales, políticos y religiosos para este supuesto plan.
La reacción política no se hizo esperar. De acuerdo con el mismo diario, figuras de todos los sectores han rechazado enérgicamente estas declaraciones, incluyendo a expresidentes, líderes opositores, congresistas del centro y del oficialismo, así como a la propia vicepresidenta Francia Márquez. Todos han coincidido en que, de ser ciertos, estos hechos representarían un atentado contra la democracia colombiana.
El presidente Petro respondió en sus redes sociales afirmando que este es un intento directo de golpe de Estado, y pidió a Francia Márquez dar explicaciones públicas, a lo que ella respondió negando toda participación en esos planes. Por su parte, Leyva no ha desmentido el contenido de los audios, limitándose a decir que se trató de una conversación privada.
Según El País de España, la publicación de los audios ha generado un consenso inusual entre sectores políticos enfrentados, que hoy coinciden en la necesidad de proteger la institucionalidad y rechazar cualquier forma de intervención extranjera o desestabilización.
La administración Petro evalúa ahora las posibles acciones judiciales, mientras se espera que la Fiscalía y otras entidades se pronuncien sobre el alcance legal de estas revelaciones.
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