La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó oficialmente el contrato logístico para las elecciones del 2025 y 2026 a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, encabezada por Thomas Greg & Sons. El contrato, por un valor cercano a los 2,1 billones de pesos, contempla la organización y operación de los comicios de juventudes, Congreso y la primera vuelta presidencial.
La adjudicación, que se concretó este martes, no estuvo exenta de controversia. Aunque inicialmente hubo más de diez firmas interesadas en el proceso, solo una terminó cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Empresas como Servientrega, Cadena y Smartmatic decidieron retirarse, alegando que los criterios exigidos limitaban la competencia y favorecían a un solo proponente.
Con esta decisión, Thomas Greg & Sons será la empresa encargada de imprimir y distribuir el material electoral, garantizar la trazabilidad de los kits de votación, manejar el software de preconteo y coordinar la logística para más de 120 mil mesas de votación en todo el país y en consulados en el exterior.
La noticia ha generado fuertes reacciones desde el Gobierno. El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación a través de redes sociales y advirtió que desconfía de la transparencia del proceso electoral de 2026. A las críticas se sumó el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, quien aseguró que “el país debe estar en alerta” ante el riesgo de concentración de funciones estratégicas en una sola compañía.
Pese a los cuestionamientos, la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, defendió la legalidad del proceso. Afirmó que se atendieron más de 250 observaciones durante la etapa de revisión y que la selección se hizo con base en criterios técnicos, buscando garantizar la experiencia y capacidad del operador para asumir una responsabilidad de esta magnitud.
Sectores políticos y organizaciones como la Misión de Observación Electoral han llamado la atención sobre la necesidad de garantizar una vigilancia independiente del proceso, especialmente por tratarse de un contrato que impacta de manera directa en la confianza ciudadana y la legitimidad del sistema democrático.
La adjudicación ya fue publicada en el SECOP, y se espera que en los próximos días se conforme un comité de seguimiento para verificar el cumplimiento de los términos y asegurar la transparencia en cada etapa del calendario electoral.
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