En su alocución del 14 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro intentó defender el aumento del salario mínimo, el manejo fiscal de su Gobierno y la emisión reciente de deuda externa. Sin embargo, buena parte de sus afirmaciones se apoyaron en lecturas parciales, inferencias débiles y cifras sin sustento metodológico explícito, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores económicos y académicos.
Uno de los ejes del discurso presidencial fue la afirmación de que el aumento del salario mínimo no genera inflación, argumento que Petro sustentó en el comportamiento del Índice de Precios al Productor (IPP). No obstante, el IPP no mide costos laborales ni el impacto del salario en el precio final que pagan los hogares, sino los precios de bienes en etapas tempranas de producción, dominados por factores como energía y materias primas. Usar este indicador para negar un posible traslado de los salarios a los precios resulta, como mínimo, metodológicamente insuficiente.
A esta lectura se sumó la presentación de precios de Corabastos apenas 15 días después de expedido el decreto del salario mínimo, como supuesta evidencia concluyente de estabilidad. Economistas coinciden en que los choques salariales no se reflejan en los precios en cuestión de semanas, sino con rezagos de varios meses. Mostrar un periodo tan corto como prueba definitiva no informa: simplifica una realidad económica compleja.
Otra de las afirmaciones más llamativas fue la de los “686 billones de pesos” que, según Petro, habrían sido quitados históricamente a los trabajadores. Aunque el mandatario habló de cifras “en términos constantes”, en su intervención no presentó fuentes públicas, metodología clara ni desagregación que permita verificar el cálculo. Sin esa información, la cifra opera más como consigna política que como resultado de un ejercicio técnico comprobable.
En materia fiscal, el presidente volvió a responsabilizar al Congreso por el aumento del costo de la deuda y defendió el uso de decretos de emergencia como salvación financiera. Sin embargo, el riesgo fiscal y el costo del endeudamiento dependen de múltiples variables, entre ellas la credibilidad institucional, la estabilidad jurídica y la sostenibilidad de las decisiones de política pública. Gobernar por decretos tributarios, lejos de disipar la incertidumbre, suele incrementarla, más aún cuando estos actos están bajo revisión de la Corte Constitucional.
Finalmente, Petro presentó la reciente emisión de cerca de 5.000 millones de dólares en bonos como prueba de que “el mercado internacional hizo fila” para financiar a Colombia. Si bien es cierto que hubo alta demanda por los títulos, este hecho no equivale automáticamente a confianza estructural en la política económica del Gobierno. Los mercados financieros responden principalmente a expectativas de rentabilidad ajustada por riesgo, no a respaldos ideológicos. El discurso presidencial omitió variables clave como el costo financiero, los spreads y el impacto de largo plazo sobre la deuda pública.
Más que errores aislados, la alocución dejó ver un patrón discursivo: datos reales utilizados para sostener conclusiones que no se desprenden necesariamente de ellos, cifras de alto impacto sin explicación verificable y un encuadre político que desplaza responsabilidades hacia otros actores del Estado. No todo lo dicho es falso, pero mucho de lo afirmado no prueba lo que el presidente asegura.
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