El Gobierno Nacional ordenó avanzar en la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en crisis financiera, al considerar que el Estado no asumirá las deudas acumuladas por estas entidades.
La decisión fue anunciada por el presidente Gustavo Petro, quien instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda a proceder con esta medida en medio del debate por la sostenibilidad del sistema de salud y el futuro de la reforma que no fue aprobada en el Congreso.
De acuerdo con la información conocida, la eventual liquidación podría impactar a más de 12 millones de usuarios en el país, afiliados a EPS que actualmente presentan dificultades financieras.
Entre las entidades que podrían verse involucradas en este proceso se encuentran Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, que en conjunto concentran una parte significativa de los afiliados del sistema.
El Gobierno ha señalado que asumir las deudas de estas entidades representaría un riesgo para la estabilidad fiscal, por lo que la liquidación se plantea como una alternativa frente al escenario actual del sector.
Sin embargo, la posible decisión ha generado preocupación en distintos sectores por las implicaciones que podría tener en la continuidad de los servicios de salud, especialmente en pacientes con tratamientos permanentes o de alto costo.
Hasta el momento, no se han definido los mecanismos ni los tiempos específicos para la implementación de la medida, mientras las autoridades evalúan el alcance de la decisión y sus efectos sobre el sistema de salud.
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