El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional la suspensión del impuesto al patrimonio creado en el marco de la emergencia económica, al considerar que podría generar impactos significativos en la estabilidad de las empresas.
La petición fue presentada a pocos días de que se cumpla el plazo para el primer pago del tributo, previsto para el 1 de abril. Según el gremio, las compañías tendrían menos de dos semanas para reunir la liquidez necesaria, lo que podría afectar su operación.
De acuerdo con la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, la medida no cumpliría con los requisitos constitucionales que justifican la declaración de una emergencia, ya que no se habría demostrado una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por vías ordinarias.
El gremio señaló que el impuesto podría generar presión sobre las finanzas empresariales, obligando a las compañías a recurrir a endeudamiento o a reducir inversiones y empleo para cumplir con la obligación tributaria.
Además, advirtió que gravar el patrimonio, y no las utilidades, podría afectar a empresas que incluso registren pérdidas, lo que incrementaría la carga financiera en un contexto económico complejo.
El Consejo Gremial también planteó que esta medida podría tener efectos en sectores clave de la economía y reiteró la necesidad de revisar alternativas relacionadas con el control del gasto público antes de adoptar nuevos tributos.
El caso se encuentra ahora en estudio por parte de la Corte Constitucional, mientras se define la viabilidad del impuesto en el actual contexto económico.
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