Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos informes de inteligencia que vincularían al candidato presidencial Abelardo De la Espriella con sectores relacionados con el contrato de pasaportes generaron reacciones en el ámbito político y jurídico.
El mandatario aseguró que existirían reportes de inteligencia sobre supuestas conversaciones entre el aspirante presidencial y actores vinculados a la empresa Thomas Greg & Sons, en el contexto del contrato de pasaportes. Estas afirmaciones fueron hechas a través de publicaciones en redes sociales, en medio de cuestionamientos a la Procuraduría por su postura frente a dicho contrato.
Tras estas declaraciones, el candidato y su equipo solicitaron abrir investigaciones para esclarecer si existieron interceptaciones ilegales o vulneraciones a sus comunicaciones. La campaña de Defensores de la Patria presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, así como solicitudes ante la Fiscalía y la Procuraduría.
El abogado de la campaña, Germán Calderón España, indicó que la solicitud busca determinar si se incurrió en el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones, tanto por parte del presidente como de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El caso también generó reacciones desde distintos sectores políticos, donde se plantearon interrogantes sobre el alcance de los informes de inteligencia mencionados y los mecanismos legales para la interceptación de comunicaciones en Colombia, los cuales requieren autorización judicial.
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