Las amenazas denunciadas contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella provocaron pronunciamientos de rechazo por parte de organismos internacionales, embajadas y entidades del Estado, en medio de una creciente preocupación por las garantías de seguridad durante la campaña electoral de 2026. Según se conoció, los hechos están relacionados con la circulación de imágenes de carácter fúnebre en las que aparecían referencias a ambos aspirantes presidenciales.
Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Su jefe, Miroslav Jenča, rechazó las intimidaciones y pidió al Estado garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral, subrayando que unas elecciones libres son fundamentales para la paz y la democracia en el país. A esta reacción se sumaron las embajadas de Alemania y Canadá en Colombia, que también condenaron las amenazas y solicitaron investigaciones oportunas.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la gravedad de los hechos y pidió una respuesta institucional inmediata. La entidad hizo un llamado a la Fiscalía para avanzar con celeridad en la investigación, identificar a los responsables y evaluar los riesgos contra la vida e integridad de los candidatos amenazados. Además, insistió en la necesidad de reforzar las garantías de participación política, especialmente en un contexto electoral que ya muestra tensiones en materia de seguridad.
Frente a esta situación, el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas de prevención. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se mantiene una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien suministre información que permita anticipar o evitar posibles atentados contra aspirantes a la Presidencia. De acuerdo con el Gobierno, esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a riesgos que afecten el desarrollo de la contienda electoral.
Las alertas se activaron luego de las denuncias realizadas desde la campaña de Paloma Valencia sobre la circulación de una imagen con representación fúnebre, a lo que se sumó una situación similar relacionada con Abelardo de la Espriella. Estos hechos han motivado reacciones de distintos sectores políticos y de organismos de control, que coinciden en pedir garantías para todos los candidatos y rechazar cualquier forma de intimidación durante el proceso electoral.
En paralelo, desde el Gobierno se indicó que la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección trabajan de manera articulada para evaluar el nivel de riesgo y fortalecer los esquemas de seguridad cuando sea necesario. Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad electoral y las condiciones en las que se desarrollará la campaña presidencial en Colombia.
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