El informe anual de Amnistía Internacional volvió a poner a Colombia en el centro de la preocupación por derechos humanos y conflicto armado. El documento sostiene que durante 2025 la violencia no cedió, los grupos armados ampliaron su presencia en varias regiones y la población civil siguió cargando con las principales consecuencias de la guerra.
La organización señala que en el país persisten al menos ocho conflictos armados internos entre grupos ilegales, en un escenario donde la disputa territorial se ha extendido y donde las afectaciones a las comunidades siguen creciendo. En lugar de una reducción de la confrontación, el informe describe un aumento de los combates, un mayor control armado sobre los territorios y más presión sobre la vida cotidiana de miles de personas.
Las cifras expuestas reflejan esa dimensión. Según el reporte, en 2025 hubo cerca de 90.000 personas desplazadas y más de 250.000 confinadas por cuenta de la violencia. A esto se suma el impacto sobre la niñez: alrededor de 360.000 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por el conflicto. También se registraron 2.794 hechos de violencia, de los cuales 1.390 golpearon de manera directa a la población civil y terminaron afectando a más de 1,6 millones de personas.
Amnistía Internacional advierte además que más de nueve millones de personas en Colombia son víctimas del conflicto armado, una proporción que equivale a cerca de uno de cada nueve habitantes del país. Bajo ese contexto, el informe ubica a Colombia entre los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Uno de los datos más delicados tiene que ver con los liderazgos sociales. El informe recoge que en 2025 fueron asesinados 165 líderes sociales, la cifra más alta durante el actual gobierno. También menciona que continúa siendo crítica la situación de seguridad para firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, de los cuales 39 fueron asesinados durante ese mismo año.
El deterioro no se limita a una sola zona. El documento ubica hechos especialmente graves en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Bolívar y La Guajira. También advierte una situación de alta preocupación en regiones como Catatumbo, Magdalena Medio, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, donde la confrontación entre estructuras armadas sigue marcando la vida de las comunidades.
En materia de desplazamiento y confinamiento, el informe recoge datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, según los cuales en 2025 se documentaron 139 desplazamientos masivos que afectaron a por lo menos 90.282 personas y 80 casos de confinamiento que restringieron la movilidad de más de 235.000 ciudadanos. Solo en Catatumbo, la intensificación del conflicto provocó el desplazamiento de más de 82.000 personas.
La niñez aparece otra vez como una de las poblaciones más golpeadas. De acuerdo con el informe, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado reportó 196 hechos que afectaron a más de 364.000 menores, incluidos 172 casos de reclutamiento. A esto se suma la afectación por artefactos explosivos y el uso creciente de drones en acciones armadas, que incrementan el riesgo para la población.
El informe también revisa el comportamiento de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. La conclusión de Amnistía Internacional es que los esfuerzos de negociación no han sido suficientes para reducir de manera real la violencia. El documento sostiene que no hubo claridad en garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición dentro de varios procesos de negociación y que, al mismo tiempo, aumentaron los enfrentamientos entre grupos armados y entre estas estructuras y la fuerza pública.
En esa misma línea, la Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas en disputa entre grupos armados, el doble de las que existían al comienzo del actual gobierno. Para Amnistía Internacional, ese dato muestra que el control territorial ilegal no se ha reducido, sino que se ha expandido en varias áreas del país.
El informe también señala otras expresiones de deterioro en derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa registró 468 ataques contra periodistas durante 2025. El Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 609 asesinatos de mujeres en ese mismo periodo. Además, se documentaron al menos 85 hechos graves de violencia contra personas LGBTI. Amnistía Internacional añade que siguen las barreras para acceder a servicios de salud y a la interrupción voluntaria del embarazo, así como dificultades estructurales en la protección social.
El presidente Gustavo Petro respondió a las conclusiones del informe y aseguró que Amnistía Internacional no está acusando directamente a su gobierno, sino a grupos narcotraficantes que violan derechos humanos. El mandatario también sostuvo que indicadores como la tasa de homicidios se mantienen estables.
Sin embargo, la lectura general del informe es crítica frente a los resultados de la política de Paz Total. Amnistía Internacional concluye que, pese a los esfuerzos institucionales orientados a la negociación, estos no han logrado frenar la expansión de la violencia ni mejorar de manera sustancial la seguridad y las condiciones de derechos humanos en Colombia.
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