La Federación de Comités de Ganaderos de Arauca expresó su rechazo a la forma en que el ICA viene aplicando la nueva plataforma SINIGAN en el departamento y pidió revisar de fondo los procedimientos que están afectando la movilización y la actividad productiva. En un comunicado público, el gremio sostuvo que la implementación ha sido “desproporcionada, arbitraria y alejada de la realidad” de los productores, y cuestionó la falta de socialización y de diálogo efectivo con el sector.
El reclamo no surge en el vacío. A nivel nacional, la entrada en operación de SINIGAN V6 ya dejó problemas visibles. En su primer día, las fallas del sistema afectaron la movilización y comercialización de cerca de 2.000 cabezas de ganado, precisamente porque sin guía sanitaria no es posible mover legalmente los animales ni cerrar ventas en condiciones normales.
La posición del ICA, sin embargo, parte de un objetivo legítimo. La entidad ha defendido SINIGAN V6 como una herramienta para fortalecer la trazabilidad pecuaria, digitalizar registros, validar movilizaciones en tiempo real, mejorar el control sanitario y cerrar espacios a prácticas ilegales dentro de la cadena ganadera. Según el Instituto, la nueva versión busca darle identidad digital a más de 30 millones de animales y alinear al país con estándares internacionales de control y seguimiento.
El problema no está entonces en la idea de modernizar, sino en la manera de hacerlo. Una política pública de control sanitario puede estar bien concebida en sus fines y mal ejecutada en su despliegue. Y cuando eso pasa, el costo no lo absorbe la plataforma ni la entidad que la administra: lo asume el productor. En un sector donde el tiempo de movilización es clave y un retraso puede frenar ventas, transporte y flujo de caja, una transición tecnológica mal implementada deja de ser un asunto técnico y se convierte en un problema económico.
En ese punto, el caso de Arauca merece una lectura aparte. El ICA ha sostenido desde años anteriores que en el departamento existen medidas diferenciadas para la comercialización de bovinos, justamente por su condición de frontera y por la necesidad de proteger la sanidad animal y la legalidad del negocio ganadero frente al riesgo de contrabando y aftosa. La trazabilidad en Arauca, además, ha sido presentada por la propia entidad como un mecanismo para salvaguardar la economía ganadera regional y permitir la movilización del ganado hacia otros departamentos.
Pero esa misma condición fronteriza hace más delicada cualquier falla de implementación. En un territorio marcado por el conflicto armado, la extorsión y las dificultades logísticas, una herramienta de control mal desplegada puede terminar golpeando primero al productor formal. Y eso es justamente lo que plantea, de fondo, la protesta del gremio: que en lugar de facilitar la legalidad y la productividad, la puesta en marcha del sistema está creando nuevas barreras para una actividad que ya opera bajo suficientes riesgos.
El impacto tampoco es igual para todos. Fedegán ha señalado que en Colombia hay más de 700.000 personas dedicadas a la ganadería y que alrededor del 82 % corresponde a pequeños productores, muchos de ellos dependientes de esta actividad para su subsistencia. Por eso, cuando una plataforma se cae o un trámite se bloquea, el golpe no recae solo sobre grandes empresarios: también afecta a productores pequeños y medianos, con menos capacidad financiera para soportar retrasos, pérdidas o sobrecostos.
Ese punto obliga a revisar una simplificación que suele repetirse en el debate público: la idea de que todo el sector ganadero debe leerse como un bloque de grandes patrimonios o como una actividad exclusivamente “de ricos”. Esa mirada puede servir para la confrontación política, pero es insuficiente para entender la estructura real del campo colombiano. En la práctica, buena parte del sector está compuesta por productores pequeños, por economías familiares y por unidades productivas que viven del movimiento continuo del ganado, no de grandes colchones de capital.
También hay una pregunta válida sobre la forma en que el Estado contrata y despliega este tipo de soluciones tecnológicas. En un tiempo de alta capacidad digital, no resulta razonable que una plataforma nacional entre a operar con tropiezos que afecten funciones básicas. Cuando eso ocurre, el debate no puede quedarse en el usuario final ni en la simple exigencia de “adaptarse”. También debe mirar el diseño, las pruebas previas, la migración de datos, la asistencia técnica, la capacidad de contingencia y la calidad de la implementación.
El reclamo de los ganaderos de Arauca, en ese sentido, no niega la importancia de la trazabilidad ni del control sanitario. Lo que pone sobre la mesa es otra cosa: que una política necesaria no puede convertirse en una carga mal implementada, menos aún en una región donde la productividad ya enfrenta suficientes talanqueras. Si el agro es una prioridad declarada por el Gobierno, esa prioridad debería expresarse no solo en discursos, sino en herramientas que funcionen, acompañamiento real al productor y transiciones ordenadas que no terminen castigando a quienes producen dentro de la legalidad.
La economía colombiana creció 2,3 % en el cuarto trimestre de 2025 y el agro sigue siendo una actividad importante dentro de la estructura productiva del país, aunque con comportamientos mixtos según el período medido por el DANE. En paralelo, el sector ganadero mantiene un peso relevante en empleo rural, abastecimiento y comercio exterior. Por eso, cualquier decisión que altere su operación cotidiana no es marginal: toca una actividad que sigue siendo pilar en muchas regiones del país.
Lo que está pidiendo el gremio en Arauca es, en esencia, que el Estado no confunda control con improvisación. La trazabilidad ganadera es necesaria. Pero en un departamento como Arauca no puede terminar convertida en una barrera adicional para quienes ya producen entre restricciones sanitarias, dificultades de frontera, presión de economías ilegales y fragilidad institucional.
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